La masacre de cuatro estudiantes perpetrada por pandilleros el 15 de julio de 2021, a 500 metros del Centro Escolar Cantón El Anonal, en Turín, Ahuachapán, ha sido uno de los últimos episodios de la criminalidad de las pandillas contra el sector estudiantil, una vorágine que arrebató cientos de vidas jóvenes a lo largo de décadas y marcó a miles de familias.
Según los registros de las autoridades de la Policía Nacional Civil, del Instituto de Medicina Legal y de la Fiscalía General de la República, solo en la década de 2010 a 2019 (al primer trimestre de este último año) asesinaron 481 estudiantes.
Según los registros, en 2010 asesinaron a 55 estudiantes; en 2011 fueron 139; un año después sumaron 67 víctimas escolares; en 2013 fueron 28 y 31 víctimas mortales en 2014; al siguiente año, 72 alumnos de diversos centros escolares fueron ultimados, y en 2016 la cifra fue de 30; en 2017 hubo 15 casos y en 2018 a los 24 alumnos, entre niños y niñas asesinados, se sumaron 21 desaparecidos. Y solo en el primer trimestre de 2019, las autoridades sumaban 25 asesinatos de alumnos de escuelas y, por lo menos, 20 desaparecidos.
Sin duda, uno de los años más fatídicos para este sector fue 2011, cuando las pandillas asesinaron, en promedio, a tres estudiantes cada semana: el año cerró con 139 víctimas mortales, entre niñas y niños, según datos de las autoridades.
Solo en el primer semestre de ese año se contabilizaron 76 estudiantes asesinados.
El 21 de agosto de ese año, el entonces presidente Mauricio Funes reconoció que los más de 100 asesinatos de estudiantes ocurridos en lo que había transcurrido del año estaban «directa o indirectamente» relacionados con las pandillas.
«Los homicidios y las agresiones físicas de las que son víctimas son el resultado de un ajuste de cuentas, de una pelea por un territorio, por el control del narcomenudeo, que es en este momento la principal fuente de ingreso de las pandillas», dijo Funes.
En esos años, las pandillas controlaban el ingreso de estudiantes en los diversos institutos nacionales y en cientos de escuelas a lo largo del país. Según docentes consultados, en algunos institutos de educación media, las maras amedrentaban a los docentes para que sus integrantes no reprobaran, y hasta estaban divididos: en la mañana acudían los afines a la MS y en la tarde los colaboradores o integrantes de la pandilla 18, o viceversa.
En 2012, datos de gremios de profesores daban cuenta de que de las 5,000 escuelas públicas había 340 que eran consideradas «peligrosas», y de estas 161 de «alto riesgo» debido a la violencia interna y del entorno.
El 2 de mayo de 2012, durante la tregua de pandillas que avaló Funes (fallecido en enero de 2025), y como parte de ese pacto del Gobierno con criminales, un grupo de pandilleros alojados en el Centro Penal de Quezaltepeque, La Libertad, montaron una conferencia de prensa en la que «prometían no agredir a más estudiantes» dentro o en los alrededores de las escuelas. No obstante, 67 estudiantes fueron asesinados a lo largo del año lectivo.
Según las actuales autoridades de Seguridad, los gobiernos anteriores permitieron que los estudiantes y maestros del país fueran víctimas de robo, extorsión y homicidios por parte de los grupos terroristas.
Y, por supuesto, la violencia pandilleril no solo afectaba a los estudiantes; en 2011, 362 profesores solicitaron traslados por motivos de inseguridad, y los diputados aprobaron el 499, un decreto transitorio que agilizó los traslados de docentes a los que se les comprobó que estaban amenazados de muerte o extorsionados por los grupos terroristas.
MUERTE O DESERCIÓN
Otro de los factores que fue impactado por el acoso de los pandilleros en los centros escolares fue la deserción escolar. En 2015, por ejemplo, las autoridades registraron 72 asesinatos en las escuelas. Asimismo, el Ministerio de Educación también mostró un dato desalentador: 13,000 estudiantes abandonaron la escuela a causa de la violencia y otros 15,000 migraron con sus familias a otras ciudades o hacia otros países. Pero, además, ese año hubo 55,000 estudiantes menos en la matrícula oficial.
Un año antes, en 2014, El Salvador experimentó una alta deserción al registrar que 100,800 alumnos de 6,062 centros escolares abandonaron las aulas debido a la inseguridad provo[1]cada por las maras. Según un informe del Mined, el nivel más afectado fue primaria y básica: 73,743 alumnos desertaron, y casi 18,000 aspirantes a bachilleres optaron por huir de la criminalidad de las pandillas.
2019: UN GIRO EN LAS ESCUELAS
Y luego de que, por décadas, los centros escolares públicos fueron blanco de agresiones y amenazas de las maras, con la implementación del Plan Control Territorial y luego el régimen de excepción, el acoso en las escuelas ha ido a menos. Los homicidios en general y todos los demás delitos disminuyeron drásticamente.
«Ya rompimos el círculo vicioso de las pandillas, que asediaban y asesinaban a nuestros estudiantes, pero las razones que crearon ese monstruo aún siguen ahí, y para que no vuelva a crearse debemos invertir en el futuro. Y lo haremos como nunca antes se vio en El Salvador», afirmó el presidente Nayib Bukele al cumplirse seis meses de vigencia del régimen de excepción, en septiembre de 2022.
«Ahora la población tiene la oportunidad de elegir el territorio para ir a estudiar, el padre de familia puede hasta enviar a sus hijos a colegios que en el pasado se hallaban en zonas difíciles, ya que no podían pasar de la colonia de residencia a otra», afirmó Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador, en diciembre de ese año.
