La vista pública en contra del expresidente del FMLN Mauricio Funes por haber propiciado una tregua de su Gobierno con las pandillas está dejando en evidencia los abusos y horrores que estos políticos implementaron para conseguir el apoyo de los delincuentes. Francisco Salinas, uno de sus directores de la Policía Nacional Civil, afirmó que el pacto entre las pandillas fue una «política pública» del Gobierno de Funes, por lo que ellos servían como «facilitadores» entre los grupos criminales.
Es más, en el requerimiento que presentó la Fiscalía General de la República en contra de Funes se establece que las pandillas recibieron $25 millones a cambio de disminuir la cantidad de asesinatos. Es decir, Funes y sus funcionarios pagaron para que los delincuentes no cometieran crímenes, pero quedaron a expensas de los caprichos de los pandilleros. Los criminales, de hecho, no suspendieron sus actividades, sino que las profundizaron y encubrieron de mejor forma.
Otro funcionario durante la administración de Funes —el entonces director del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), José Ricardo Perdomo— advirtió durante la audiencia que la tregua permitió la expansión territorial y el crecimiento de las pandillas. Parte de la negociación entre los subalternos del ahora prófugo de la justicia (y nacionalizado nicaragüense por el régimen de Daniel Ortega) y las maras fue que, si bien se reducían los homicidios, aumentaron las desapariciones de personas, mientras que las autoridades corruptas les permitieron continuar con otros delitos, como las extorsiones, el narcotráfico y el trasiego de armas.
Nunca hubo una persecución real de las maras y su accionar criminal. Al contrario, estos funcionarios del FMLN pactaron con las pandillas simular la disminución de asesinatos para tener la ilusión de una mejora en la seguridad pública. Ese mismo mecanismo negoció ARENA para tener también el apoyo de los delincuentes durante los comicios.
En la audiencia judicial también se ha sabido que aquellos de la «sociedad civil» que participaron como mediadores de la tregua también eran cómplices de los pandilleros, puesto que ayudaban a introducir armas y otros ilícitos a las cárceles como parte de los beneficios que los cabecillas de las estructuras delincuenciales habían pactado con las autoridades del FMLN.
La mayoría de estos mediadores está en libertad, a excepción del excomandante guerrillero Raúl Mijango, quien guarda prisión. Los demás, entre los que hay prelados y columnistas de medios de comunicación afines a la oposición, no han sido procesados aún, a pesar de su participación en varios delitos.
