Fiscales y policías desarticularon una estructura criminal dedicada al tráfico de personas que tiene como cabecilla al exalcalde del partido ARENA en San Antonio de la Cruz, Chalatenango, Lucio Edwin Ayala Flores, quien cumple una condena de 38 años de cárcel por los siguiente delitos: tráfico ilícito, actos preparatorios proposición conspiración y asociaciones delictiva y tráfico ilícito de personas agravado.
Según la información proporcionada por la Fiscalía General de la República (FGR), entre los capturados está Noé Miranda Guardado, un fiscal auxiliar de la Oficina Fiscal de Chalatenango, quien será procesado por incumplimiento de deberes y revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos.
«Miranda Guardado aprovechaba su cargo, como fiscal auxiliar, para obtener información confidencial. Verificaba el sistema de Fiscalía e informaba al líder de la estructura (Lucio Ayala) sobre las denuncias penales en su contra y del avance de los procesos que ya existían. También, asesoraba a los abogados defensores del exalcalde al momento de presentar escritos», detalló este jueves la institución.
Otros detenidos son: Jaime Álvaro Menjívar Martínez, abogado y notario, acusado de falsedad material e ideológica agravada; José Matías Caravantes Serrano, docente universitario, señalado por falsedad material e ideológica agravada; José Mario Burgos Reyes, empleado del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), acusado de verificar información de diferentes inmuebles a cambio de dinero. Se les imputará también el delito de agrupaciones ilícitas.
El operativo tuvo la participación de agentes de la División Élite Contra el Crimen Organizado (DECO) de la Policía Nacional Civil (PNC), quienes junto al equipo de fiscales efectuaron cinco allanamientos en diferentes lugares de Chalatenango y Soyapango donde fue incautado como evidencia: documentación, equipos informáticos, dinero en efectivo y celulares.
Las autoridades establecieron que la estructura operaba bajo el nombre de «Ganaderos de Chalate», y se dedicaba al tráfico ilegal de personas para lo cual logró infiltrar delincuentes en instituciones públicas.
Según la FGR, esta investigación inició en 2023, cuando «se extrajo información del teléfono del exalcalde y con esos datos se comprobó que este mantenía comunicación, vía mensajería instantánea y llamadas telefónicas, con los otros involucrados para darles órdenes sobre el accionar delictivo».
Como resultado de esta investigación, el ministerio público notificará al exedil sobre los nuevos delitos que se le acumulan: cohecho activo, desobediencia de medidas cautelares y falsedad material e ideológica agravada.
