La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) se encuentra en medio de una enorme controversia debido al rol que ha desempeñado y que va en contra de los mismos intereses de Estados Unidos.
Como primera medida, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una suspensión de los programas en el extranjero mientras se realizaba una intervención a través del DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental, por sus siglas en inglés).
Elon Musk, director de DOGE, calificó el domingo a la USAID como una «organización criminal», mientras que el presidente Trump dijo poco después que está «dirigida por lunáticos radicales». De hecho, cuando los delegados del Departamento de Eficiencia Gubernamental quisieron revisar los archivos, dos funcionarios del área de seguridad de USAID bloquearon el acceso para proteger los secretos que ahí se guardan. Han sido suspendidos y enviados «de licencia».
El incidente, que incluso pudo haber derivado en la participación de la Policía por obstaculizar el trabajo de DOGE, es una muestra de la oscuridad con la que se ha manejado esta agencia y que ahora el nuevo Gobierno pretende eliminar.
Lo que la realidad ha demostrado, señaló, por su parte, el presidente Nayib Bukele, es que los gobiernos solo recibían el equivalente al 10 % de los fondos distribuidos por USAID, en tanto que el 90 % restante se utilizaba para «alimentar el disenso, financiar protestas y socavar a las administraciones que se niegan a alinearse con la agenda globalista».
En otras palabras, el dinero de los contribuyentes estadounidenses (¡un presupuesto anual de $42,000 millones!) era redirigido para ONG y activistas radicales que impulsaban agendas del «progresismo internacional», para apoyar causas que provocan divisionismo dentro de la sociedad estadounidense o que sencillamente no reflejan los valores de su pueblo.
Los que desde ya lamentan la caída de USAID son los que ven afectados sus intereses económicos, pues pierden buena parte, si no toda, su financiación. Ya en El Salvador vimos a varios salir a rasgarse las vestiduras y a considerar que sus operaciones estarán comprometidas; entre ellos, varios sitios digitales dedicados a hacer ataques propagandísticos contra el Gobierno. Para ello hay que recordar que el Gobierno de Joe Biden reorientó los fondos que recibían instituciones estatales hacia ONG, fundaciones y asociaciones «de la sociedad civil», pero que en realidad no hacen más que dirigir ataques contra el Gobierno.
