Los hechos se remontan a 2002, cuando en el hospital San Millán de Logroño, un centro de salud ya cerrado, se produjo un «error humano», según explicaron autoridades de la región de La Rioja (norte de España).
Este cambio de los dos bebés, dos pequeñas niñas nacidas el mismo día con cinco horas de diferencia y puestas en incubadoras, no salió a la luz sino quince años después.
Y fue por un conflicto familiar por la pensión alimentaria de una de las jóvenes, que derivó en pruebas de ADN que determinaron que no era hija biológica ni del hombre ni de la mujer que hasta entonces creía que eran sus padres.
La joven, criada por quien creía que era su abuela, introdujo la denuncia sintiéndose fuertemente agraviada por el error.
Se trata de «daños enormes de por vida, (que) nunca son reparable», estimó a la AFP su abogado, José Sáez-Morga.
La joven de 19 años reclama tres millones de euros (3,5 millones de dólares), pero las autoridades sanitarias de La Rioja, que como todas las regiones en España detentan la competencia en materia de salud, ofrecen pagar 215.000 euros (unos 254.000 dólares), dijo Sáez-Morga.
«Se ha realizado la investigación pertinente, que es concluyente respecto a que se produjo un error humano», señaló el martes la responsable regional de Salud, Sara Alba.
«No se ha podido concluir quién» estuvo en el origen del error «ya que los sistemas no estaban informatizados con tanto detalle hace 20 años», dijo Alba a periodistas.
Pero «estamos a disposición de las familias para darles todo el apoyo necesario que puedan necesitar, manteniendo la confidencialidad y respeto que requieren este tipo de situaciones», acotó.
Fue «un error humano puntual que hoy no puede repetirse. También estamos garantizando que esto no vuelva a suceder. No tenemos constancia de más casos», abundó.
Según el abogado de la joven, no se conocen los resultados de las pruebas de ADN de la otra familia, que por ahora no ha acudido a la justicia.
En el plano judicial, los jueces deben pronunciarse sobre el fondo del caso y en particular sobre la necesaria corrección de su estado civil antes de decidir sobre la indemnización, agregó Sáez-Morga.
