Ecuador declaró el sábado estado de excepción en la capital, en siete de sus 24 provincias y en el sistema penitenciario, una medida que busca frenar la creciente violencia del narcotráfico.
La decisión regirá por 60 días y entró en vigor un día antes de que los ecuatorianos eligieran al nuevo gobernante.
El estado de excepción rige en las regiones más golpeadas por la violencia en el país, donde, según datos oficiales, cada hora se comete un asesinato.
El Gobierno impuso el estado de emergencia ante «el incremento de índices de violencia, cometimiento de delitos e intensidad de la perpetración de ilícitos por grupos armados organizados», según el decreto.
En esa línea, se suspendió los derechos a la inviolabilidad de domicilio, correspondencia y a la libertad de reunión. Además, se ordenó un toque de queda nocturno de siete horas en varias localidades.
La medida afecta a las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Santa Elena y El Oro y las amazónicas Orellana y Sucumbíos, la convulsa localidad minera de Camilo Ponce Enríquez, así como en Quito y en las cárceles de la nación.
La tasa de homicidios bajó del récord de 47 por cada 100,000 habitantes en 2023 a 38 en 2024. Sin embargo, Ecuador tuvo el mayor índice de muertes violentas de América Latina el año pasado, según Insight Crime.
«El Gobierno enfrenta un grado de violencia de tal intensidad que ha sobrepasado los límites de contención» de la fuerza pública, señala el decreto, según el cual 120 personas fueron asesinadas entre el 7 de marzo y el 8 de abril.
Ecuador restringió el viernes el ingreso de extranjeros a través de sus fronteras terrestres con Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, para garantizar la seguridad del balotaje presidencial. La disposición se extenderá hasta la medianoche del lunes 14 de abril.
