El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, en inglés) inició a procesar las renovaciones de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) a través de la regla final, la cual entró en vigencia el 31 de octubre y sustituye a la antigua política instaurada el 15 de agosto de 2012 durante la presidencia de Barack Obama.
Con este proceso, los beneficiarios de DACA serán protegidos de la deportación y obtendrán sus permisos de trabajo de manera temporal por dos años, mientras continúa el litigio en los tribunales. En julio de 2021 nueve estados liderado por un tribunal de Texas declararon que el programa era ilegal cuando se creó, hace 10 años, por no seguir los procedimientos requeridos de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
DACA ha permitido que más de 800,000 jóvenes permanezcan con sus familias en Estados Unidos y continúen contribuyendo a sus comunidades en Estados Unidos desde 2012.
Sin embargo, las autoridades estadounidenses solo procesarán solicitudes de renovación, las nuevas peticiones pueden ser presentadas pero no procesadas, tal como estableció en el fallo el juez federal de estado de Texas, Andrew Hanen, quien dictaminó la ilegalidad de DACA el año pasado.
El nuevo DACA fue modificado para contrarrestar los argumentos presentados en 2021 sobre la ilegitimidad del proyecto.
A principios de octubre, el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito devolvió el caso al tribunal de distrito de Texas para que rectificara los procedimientos relacionados con la nueva normativa de DACA adoptada en agosto por el Ejecutivo tras una revisión «que consideró los más de 16,000 comentarios recibidos durante el período de comentarios públicos». El 14 del mismo mes, Hanen dio su aval para que DACA permaneciera con la actual versión.
