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De los 262 municipios en los que está dividido actualmente el territorio salvadoreño, solamente 32 cumplen con el requisito que mandata el Código Municipal en el artículo 20 para constituirse como tal, o sea, contar con un mínimo de 50,000 habitantes, mientras que los otros 230 (88 %) violan lo establecido en esa ley.
«Para la creación de un municipio deben concurrir una población no menor de 50,000 habitantes de acuerdo con el último censo poblacional, constituidos en comunidades inadecuadamente asistidas por los órganos de gobierno del municipio al que pertenezcan», dice el artículo señalado.
En ese sentido, el Gobierno del presidente Nayib Bukele inició un estudio sobre la configuración actual de los municipios, revelando que, además de que solo 32 cumplen el requisito poblacional, la mayoría de los 230 restantes tampoco reúne el requisito de tener un centro poblacional de más de 20,000.
El pasado 1.º de junio, el mandatario rindió cuentas de su cuarto año de gestión, anunciando su propuesta para reducir el número de municipios de 262 a 44.
Bukele enfatizó en la necesidad de reestructurar el territorio salvadoreño para generar más desarrollo en las zonas que cuentan con pocos fondos para ejecutar proyectos, e indicó que en el país existen casos extremos de municipios en los que el número de habitantes no alcanza ni las 1,000 personas.
Un ejemplo son los municipios de Azacualpa y San Antonio los Ranchos, en la zona sur de Chalatenango.
Azacualpa es un pequeño pueblo que consta de 988 habitantes y tiene un ingreso anual de apenas $491,065. Lo mismo ocurre con San Antonio Los Ranchos, donde, según datos del último censo poblacional, habitan únicamente 981 personas; y los ingresos que ha obtenido la municipalidad en promedio anual son de $309,745.
De acuerdo con el presidente Bukele, por décadas, estos municipios que no cumplen con la tasa de habitantes requerida por la ley no han contado con fondos propios y tributarios suficientes para atender las necesidades de su población ni prestarle servicios públicos esenciales y de calidad, y mucho menos para poner en marcha proyectos de infraestructura.
Juan Carlos Bidegain, ministro de Gobernación, manifestó a los diputados de la comisión política de la Asamblea Legislativa —que analiza la propuesta de la nueva división político-administrativa del país— que, con la nueva ley de reestructuración municipal, los 44 nuevos gobiernos locales contarán con una mejor distribución de recursos y el Estado salvadoreño se ahorrará unos $250 millones, los cuales serán convertidos en obras.
La comisión emitiría el respectivo dictamen para que sea aprobado en la sesión plenaria legislativa del martes.
