El 2 de julio de 2019 el presidente de la república, Nayib Bukele, anunció la implementación de la fase II del Plan Control Territorial (PCT) denominada «Oportunidades», que consiste en crear condiciones de desarrollo local en comunidades con la ejecución de programas sociales de alto impacto orientados a jóvenes.
La negativa de los diputados del partido FMLN y ARENA, de la legislatura anterior para aprobar los fondos requeridos para esta fase, así como la crisis generada en 2020 por la pandemia de la Covid-19 incidieron para que esta estrategia no se desarrollara completamente.
Pese a las limitaciones financieras y el bloqueo de los diputados [que duró 21 meses], el gobierno hizo lo posible por implementar dicha fase con fondos propios. No obstante, tuvo que esperar hasta el 11 de mayo de 2021 para que la nueva legislatura, liderada por el partido Nuevas Ideas, aprobara $200 millones para la ejecución de la fase II y III del plan.
Pero, ¿qué aspectos sociales contempla el financiamiento de estas fases? En su momento, el presidente Bukele brindó detalles: «Vamos a entrar a las comunidades con educación, salud, empleo, becas, deportes, arte, cultura, inclusión social, vivienda, agua potable. Con obras necesarias para las comunidades», dijo.
Según proyecciones del Ministerio de Hacienda, para los beneficios de la fase II se destinará un estimado de $91 millones que se reflejarán, por ejemplo, en la construcción de espacios de desarrollo para jóvenes llamados Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO), equipados con biblioteca, sala de lectura, centro de cómputo y salón de usos múltiples.
Se suman 24 kilómetros para mejoramiento y reparación de calles en comunidades y cinco estructuras para practicar skate boading. La inversión ronda los $32.7 millones a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP).
En proyectos de agua potable se incluye mejoramiento al acceso e introducción del servicio, compra de equipo electromecánico, tuberías y accesorios para los cuales se destinarían $9.4 millones que serían ejecutados por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA).
A través del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp) se destinarían $28.2 millones para formación y capacitación de jóvenes en ocupaciones técnicas y digitales.
En Salud, la apuesta iría enfocada en infraestructura y equipamiento para hospitales. La inversión ronda $10 millones.
Además, $4 millones para mejorar y construir infraestructura, compra de equipo para instituciones y espacios públicos de carácter cultural como el parque Infantil y el zoológico. Incluye equipamiento de siete CUBOs.
En lo deportivo, a través del Instituto Nacional de los Deportes (Indes) se destinarían $5 millones para mejoras en canchas, capacitación, desarrollo técnico deportivo para beneficiar tres millones de ciudadanos.
El director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín, afirmó ayer que el financiamiento para estas fases servirá para el desarrollo de los jóvenes.
«Se desarrollarán planes de prevención de la violencia en las comunidades que por años fueron olvidadas», indicó en la Entrevista AM de Canal 10 al referirse a la estrategia de prevención que contempla el Plan Control Territorial.
Modernización
La proyección de inversión destinada para la tercera fase es de $109 millones y servirían para dotar a policías y militares de modernos equipos para lograr mejores resultados en el combate a la delincuencia.
En el caso de la PNC, lo destinado serían $59 millones para adquirir un sistema de videovigilancia que comprende más de 4,000 cámaras, 89 drones, 13 centros de monitoreo en San Salvador y regionales, un sistema de reconocimiento facial. Compra de más de un centenar de patrullas, un helicóptero, 23,000 uniformes policiales, 10,000 botas y más de 6,000 chalecos.
Los $50 millones restantes serían destinados para el Ministerio de Defensa Nacional, para la adquisición de equipo táctico que incluye 5,000 uniformes y pares de botas, 124 equipos de comunicaciones, 50 lentes de visión nocturna, más de 6,000 equipos de resguardo, un helicóptero, un buque, 34 vehículos entre camiones, pick up, autobuses y carros todo terreno. En salud, equipamiento del hospital Militar Central y el de San Miguel.
Otros beneficios
En el caso de la Policía, se realizaría la compra de 25 ambulancias, mejoramiento de 24 clínicas y policlínicas, más de 2,000 insumos de uso médicos para clínicas y laboratorios, cuatro equipos de rayos X, entre otros beneficios para el cuerpo policial. Mientras que para los hospitales de la Fuerza Armada se ha proyectado la adquisición de 30 camillas, seis máquinas de anestesia, 80 camas hospitalarias, entre otros equipos e insumos para garantizar un servicio de salud de calidad a los policías y personal militar.
