Cuando los Estados no son capaces de cumplirles a sus ciudadanos los derechos más básicos, como la vida y la seguridad, no es porque los servidores públicos no tengan voluntad de hacerlo, sino porque el crimen organizado ha permeado diferentes niveles de la institucionalidad.
¿Por qué los gobiernos de ARENA y del FMLN no fueron capaces de resolver el grave problema de la inseguridad? No es que fuera algo de poca monta, ya que generaba millones de dólares en pérdidas anuales. Además, era el principal problema del país porque implicaba la muerte de millares de ciudadanos cada año. Y tampoco era porque no dedicaran fondos suficientes o que no hubiera políticas públicas en contra de la delincuencia.
Lo que pasaba, ahora lo sabemos con certeza, es que las maras tenían acuerdo con estos políticos corruptos. El primer presidente del FMLN, Mauricio Funes, recientemente fallecido, hizo pública la política de pactar abiertamente con las pandillas. Lo hizo de la mano con la Organización de Estados Americanos y con el apoyo de varios personajes públicos, incluyendo a representantes religiosos.
ARENA, durante la candidatura presidencial de Norman Quijano, incluso pretendía entregarles ministerios e instituciones públicas a los mareros para mantener «la tregua», ese ominoso acuerdo por el cual las pandillas extorsionaban sin ningún pudor al Estado, a cambio de dádivas para los partidos políticos.
Fue necesaria la superación del nocivo bipartidismo para que El Salvador tuviera la oportunidad de mejorar. El presidente Nayib Bukele se distanció de sus predecesores al declarar una guerra directa y sin cuartel contra las maras. En lo que otros hallaron oportunidad para negociar y transar beneficios políticos, el presidente Bukele no vio más que proteger la vida y los bienes de los ciudadanos.
Una vez puesto en marcha el Plan Control Territorial, los aliados de las pandillas trataron de boicotearlo. ARENA-FMLN y sus socios parlamentarios bloquearon en la Asamblea Legislativa el financiamiento para mejorar los equipos de la Policía y del Ejército y mantenían una extensa red de corrupción en el órgano.
Fue necesario que el pueblo salvadoreño se rebelara en las urnas y diera a Nuevas Ideas el respaldo suficiente para que el presidente Bukele pudiera poner en marcha de forma total la guerra contra las pandillas, no solo con los fondos para modernizar y equipar a las fuerzas de seguridad, sino también con las reformas legales que permitieron poner en prisión a más de 86,000 integrantes y colaboradores de pandillas, un esfuerzo que no podría haber sido posible sin la depuración del Órgano Judicial y del ministerio público, también gracias a los votos de diputados comprometidos con la visión del presidente.
