El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que recibieron 751 denuncias sobre anomalías reportadas en diferentes alcaldías del país, por lo que la cartera de Estado inició inspecciones para verificar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores municipales.
En ese sentido, indicó que en total fueron 38 alcaldías inspeccionadas entre el 9 de mayo hasta la fecha, lo que representa el 86 % de las existentes a escala nacional. «En estas inspecciones, hemos realizado 1,977 entrevistas en diversos cargos, sin importar el tipo de contratación», comentó.
«Hemos entrevistado a todos los segmentos ocupacionales como cargos de confianza, personal que está por carrera administrativa, así como otro tipo de contratos», enfatizó el funcionario.
Además, detalló que durante las inspecciones se identificó la ausencia de formulación e implementación del Programa de Gestión de Riesgos Ocupacionales en los lugares de trabajo, así como la falta de constitución y acreditación de los Comités de Seguridad y Salud Ocupacional.
Agregó que los inspectores también detectaron la carencia de un Reglamento Interno de Trabajo y, sobre todo, incumplimiento en el pago de salarios y retenciones indebidas de cuotas laborales de los trabajadores municipales.
«Hay una alcaldía de un municipio de Usulután donde el alcalde saliente tiene siete meses de no pagar salarios a los trabajadores, así como el no pago de las retenciones legales y las retenciones a nivel bancario o hipotecario, es decir, los préstamos que puedan tener los empleados. Siete meses también de no pagar el Seguro Social y el Sistema Previsional», explicó.
El funcionario detalló que en alguna de estas sedes municipales «ha habido traslados que desmejoran las condiciones laborales de los trabajadores».
«En el distrito de Nuevo Cuscatlán hay personas con salarios y plazas como colaboradores administrativos que los están poniendo a un cargo de mantenimiento. No los están despidiendo, pero están tratando de desesperarlos cuando la ley no permite la degradación de los cargos ocupacionales según los contratos de ley», dijo.
Asimismo, dijo que una alcaldía del departamento de Ahuachapán y una de La Unión pusieron resistencia a la supervisión, por lo que se realizaron los procesos pertinentes.
Enfatizó que de los montos recuperados se totalizan $17,000 en salarios y alrededor de $12,000 en cuotas laborales.
Por otra parte, afirmó que el miércoles finalizaron los avisos que se impondrán a las alcaldías por retención de cuotas laborales, una acción considerada como un delito penal, por ende, este viernes serán presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR).
