Tras el más reciente informe sobre el régimen de excepción en El Salvador, el periódico español El País planteó que «la división de criterios y los atrasos del documento son un éxito de la labor diplomática del Gobierno de Bukele», en referencia a ese documento elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el cual se ha empañado por el sesgo en las fuentes de información, entrevistas y el financiamiento de ese organismo.
El primer borrador del informe, entregado en diciembre de 2023, fue aprobado de manera unánime, mientras que la versión final fue avalada por una ajustada mayoría de cuatro votos contra tres. Entre los votos están los comisionados, Carlos Bernal y Stuardo Ralón, quienes cuestionaron el rigor del documento y señalaron la falta de imparcialidad y transparencia en la financiación de la CIDH, sugiriendo la posible existencia de un conflicto de interés debido a los vínculos financieros compartidos entre la Comisión y algunas organizaciones de la sociedad civil mencionadas en el informe.
«La división de criterios y los atrasos del documento son un éxito de la labor diplomática del Gobierno de Bukele, que respondió al primer borrador de la CIDH con su propio informe de 134 páginas y 124 anexos y prolongó por meses el intercambio de notas diplomáticas con alegatos de que la comisión utiliza fuentes de información sesgadas», expuso El País.
Para este periódico de alcance global, «la popularidad del presidente salvadoreño en el continente hace además, según lamentan miembros de la CIDH en privado», que ningún país de la OEA quiera pagar el precio que supondría liderar la denuncia de supuestos «abusos de poder» de un mandatario que ha visto incrementada su popularidad por el mismo régimen de excepción. «La comisión siente que, en este tema, no tiene respaldo político», puntualiza el medio español.
Los comisionados señalaron que la metodología empleada en la elaboración del informe podría haber vulnerado el derecho de defensa del Estado salvadoreño, como lo ha alegado el Estado en muchas ocasiones. El cuestionamiento se basa en la mención de un financiador común entre la CIDH y Cristosal -una de las principales fuentes del informe-, que tienen como principales financiadores a la Open Society Foundation y la Ford Foundation, situación que pone en duda la transparencia y objetividad del documento.
«El informe sobre el estado de excepción en El Salvador se ha publicado con cuatro meses de atraso sobre lo previsto y exhibe en sus páginas finales las fracturas internas de la CIDH, cada vez más afectada por las divisiones que también desgastan a la Organización de Estados Americanos (OEA)», reseño diario español.
Para el Comisionado Presidencial de Derechos Humanos, Andrés Guzmán, esos votos discordantes son positivos porque sacan a la luz la discusión de si los organismos de derechos humanos son organismos técnicos u organismos políticos, porque los derechos humanos no pueden politizarse en el mundo.
El funcionario pone en tela de juicio la credibilidad del informe que utilizan «testigos secretos», sin trazabilidad y sin ninguna muestra representativa. Guzmán afirmó que en muchas ocasiones solicitaron a la CIDH la metodología de la recolección de entrevistas, las personas que las realizaron, la transcripción de las mismas, sin embargo, el organismo no proporcionó la información.
Guzmán lamentó que en el informe se basó en 29 entrevistas para llegar a tomar decisiones sobre todo un país, y «decir que en un país pueden existir, dice el informe, torturas dentro de los centros penales o pueden existir algún tipo de violaciones al debido proceso, con la opinión de 29 personas de un país que tiene seis y medio millones de habitantes, en que hay 110,000 personas privadas de la libertad y en donde más de 8,000 personas han sido liberadas, eso significa que ni siquiera con el 0.1 de muestreo se toman decisiones».
Para el comisionado ese informe no tiene ninguna base técnica, por tanto, no pueden aceptar que es un documento con fuentes y con procesos sociales, «porque no existe metodología que es lo que ataca de fondo el comisionado Bernal y el comisionado Ralón y la comisionada Tania Reneaum».
Guzmán indicó que al ser hallazgos que no tienen base metodológica se vuelven débiles y no se puede sostener; por tanto, no pueden obligar a un Estado como El Salvador a tomar decisiones basadas en procesos que no tienen una metodología ni transparencia.
«El tema de la transparencia aquí de la ética es sumamente importante. Estamos hablando de derechos de personas y de una organización de derechos humanos, no es transparente en cuanto al uso de sus recursos y de las donaciones que recibe. Esto, pues digamos que es inconcebible», remarcó el funcionario.
Sobre la petición que hace la CIDH de finalización del régimen de excepción, Guzmán, lamentó que el organismo no ocupó la información enviada en la que se explica la necesidad de seguimiento de la medida debido a que no todos los terroristas están detenidos y que hay células que aún actúan fuera de El Salvador.
En efecto, esta semana la Asamblea Legislativa aprobó la trigésima prórroga a la medida que ha permitido desbaratar a las pandillas, reducir los homicidios al mínimo (tasa de 2.4 por cada 100,000 habitantes en 2023) y provocado el resurgir de los ciudadanos, antes ocultos o viviendo bajo amenazas en territorios que esos grupos controlaban.
«El gobierno será muy cuidadoso y no tomará ninguna decisión sin haberla analizado, estudiado antes y sobre todo mitigar cualquier riesgo que pueda poner en riesgo a la población», enfatizó el comisionado Guzmán.
