La jueza atendió la petición de la Fiscalía y, pese a considerar que la artista cometió «irregularidades» en sus declaraciones de impuestos de 2018 -que hicieron que el fisco español dejara de ingresar unos seis millones de euros (unos 6,4 millones de dólares)-, no vio en su conducta «ánimo de defraudar», por lo que no debe considerarse un delito penal.
«No existe indicio alguno que pueda acreditar que Shakira Isabel M. R. de manera consciente y voluntaria hubiera omitido información y documentación con trascendencia tributaria», indicó en su decisión la magistrada titular del juzgado a cargo del caso, en la periferia de Barcelona.
La Fiscalía, de su lado, ya había considerado que no existían indicios «suficientes» para procesar penalmente a la intérprete de éxitos como «Hips dont’ lie» por esta causa.
Este tribunal anunció en julio la apertura de este nuevo proceso contra Shakira por no haber declarado correctamente su Impuesto sobre la Renta (IRPF) y sobre el Patrimonio, en el ejercicio 2018.
Poco después, la artista de Barranquilla entregó a la justicia 6,6 millones de euros para mostrar su voluntad de regularizar su situación con el fisco español. Esta suma comprendía, además de la cantidad reclamada, los intereses y las tasas de regularización.
La cantante mantiene un caso administrativo con la Hacienda española, relativo al año 2011, pero no por la vía penal.
