El politólogo René Martínez Pineda considera que los salvadoreños comenzaron a vivir en paz social a partir de la política y estrategia de seguridad pública impulsada por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, y no por los denominados Acuerdos de Paz rubricados en 1992 por el entonces Gobierno del arenero Alfredo Félix Cristiani Burkard y la guerrilla del FMLN.
«El Plan Control Territorial (PCT) y el régimen de excepción son el verdadero plan de paz de El Salvador, porque pusieron fin a años de asesinatos, extorsiones, secuestros, violaciones, caravanas de emigración hacia Estados Unidos, destrucción del país, etcétera», sostiene Martínez Pineda.
Los registros oficiales indican que El Salvador tuvo en 2024 el año más seguro de su historia, finalizándolo con una tasa de homicidios de 1.9 por cada 100,000 habitantes, totalizando 114 homicidios, un promedio diario de 0.3, y una reducción del 98.2 % en la tasa de impunidad por asesinatos, así como una reducción de delitos de alto impacto del 44.53 %.
Indican, además, que, desde la entrada en vigor del régimen de excepción, el 27 de marzo de 2022, hasta el 31 de diciembre pasado fueron detenidos 84,260 terroristas, y se habían incautado 10,438 vehículos, 21,616 teléfonos celulares y 4,548 armas en poder de estructuras criminales.
El PCT y el régimen de excepción —además de asestar duros golpes al crimen común y organizado, así como al narcotráfico— también han permitido recuperar los territorios que por décadas estuvieron en manos de las pandillas.
La encuesta del Iudop/UCA que evaluó el quinto año de Gobierno de Bukele reveló que el «83.5 % de la población identifica como principal logro algún aspecto vinculado a la política de seguridad implementada por este Gobierno, como el combate a la delincuencia, la baja de homicidios, el régimen de excepción y el Plan Control Territorial».
Este estudio, divulgado en junio pasado, dice que «el 96.8 % de la gente opina que la delincuencia en el país ha disminuido con el actual Gobierno y el 85.1 % considera que el régimen de excepción ha ayudado en mucho a controlar la delincuencia en el país».
Martínez Pineda considera que los acuerdos de 1992 constituyeron un pacto político entre las cúpulas que lo rubricaron, y que sirvieron solo para callar las armas, pero que luego dieron paso al conflicto social que causó luto, dolor y destrucción.
«Se finalizó el conflicto armado para iniciar un conflicto social que duró 30 años con asesinatos, miles de mujeres violadas. A más del 90 % de la población se le imponía pagar extorsión por parte de los pandilleros, que cogobernaron con los partidos ARENA y FMLN. Significa que las dirigencias de estos partidos políticos formaban parte de las estructuras criminales», denuncia el politólogo y catedrático.
Las cifras de organismos humanitarios estimaron las muertes a consecuencia del conflicto armado en aproximadamente 75,000; sin embargo, solo en cuatro quinquenios (durante los Gobiernos de los areneros Francisco Flores y Antonio Saca y los efemelenistas Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén) fueron asesinadas en El Salvador más de 80,000 personas.
«Las exitosas estrategias de seguridad [del presidente Bukele] se han convertido en objeto de estudio y de emulación de Gobiernos extranjeros, incluso son objeto de estudio académico de prestigiosas universidades extranjeras», pondera Martínez Pineda.
