El Salvador se ha convertido en el país más seguro del hemisferio occidental y eso es algo que propios y extraños reconocen sin ningún problema. Hasta hace poco éramos la capital mundial de los asesinatos, ya que durante las administraciones de ARENA y del FMLN en El Salvador ocurrían más muertes violentas que en países que formalmente estaban en guerra.
Luego de que los salvadoreños dejaran atrás a la vieja y corrupta clase política, el país pudo gozar de una verdadera tranquilidad. Las exitosas políticas de seguridad del presidente Bukele, a través del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, han permitido la desarticulación de pandillas que por décadas crecieron y se fortalecieron, amparadas bajo la negligencia o complicidad de los gobiernos de ARENA y del FMLN.
Esta semana, hemos conocido que el presidente Donald Trump declaró en emergencia la capital de Estados Unidos debido a sus altos niveles de inseguridad. Ha desplegado a 800 miembros de la Guardia Nacional para que puedan tomar control de las calles en las que homicidios, extorsiones, robos a mano armada y otros delitos violentos son comunes desde hace varios años.
Incluso el presidente Trump llegó a decir que Washington D. C. es mucho más insegura que capitales latinoamericanas, como México o Bogotá.
Ciudadanos estadounidenses dicen sentirse más seguros caminando a las 2:00 de la madrugada en las calles de San Salvador, que conduciendo su carro a las 8:00 de la noche en Washington D. C., lo cual dice mucho de la seguridad en ambas ciudades.
Lo que ahora está sucediendo en la capital de Estados Unidos es algo que comenzó en El Salvador cuando el presidente Bukele implementó el Plan Control Territorial de manera total, ya sin los bloqueos que desde la vieja Asamblea Legislativa imponían ARENA-FMLN y sus aliados.
Solo la exhaustiva tarea de capturar a todos los criminales, pandilleros y sus colaboradores garantiza que una ciudad pueda conquistar la tranquilidad y la paz.
A esto se suma el trabajo de un Órgano Judicial y un sistema penitenciario comprometidos con el pueblo para evitar que los delincuentes regresen a las calles. Se trata de priorizar los derechos de los ciudadanos y no de asesinos, violadores y extorsionistas.
La hipócrita postura que reclama por los derechos de los criminales solo la tienen aquellos que guardaron un ominoso silencio durante las masacres cometidas por los pandilleros o que incluso celebraron la vergonzosa tregua oficializada por el FMLN.
