El deber ser de un Estado y de un Gobierno está orientado a poner en el centro de toda su actividad a la persona humana, tal y como lo establece nuestra Carta Magna en el artículo 1, que literalmente se lee: «El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común».
Asimismo, reconoce como persona humana a todo ser humano desde el momento de la concepción.
En consecuencia, es obligación del Estado «asegurar a los habitantes de la república el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social».
Lo anterior es el texto que nos da el hilo conductor de cómo un gobernante debe priorizar la acción humana, y desde esa óptica tiene lógica política el hecho de que en El Salvador se respetan la vida y los derechos humanos. Iré explicando paso a paso el porqué del título del presente artículo o columna.
El Salvador, en gobiernos de ARENA y luego del FMLN, fue catalogado como la capital del homicidio, es decir, el país más violento e inseguro del mundo; no obstante que en «aras» de mantener a los niños, adolescentes y jóvenes en un sistema educativo esos gobiernos decidieron implementar al estilo cubano «programas sociales» como la entrega de calzado, uniformes, útiles escolares y el vaso de leche (este último como programa de alimentación que siempre ha existido). No obstante dichos programas sociales, en 2015, siendo gobernados por el FMLN, se experimentó el más alto número de homicidios perpetrados por pandillas; es decir, solo ese año se perdieron 6,656 vidas, o sea, en promedio, 554 asesinados por mes o, más en detalle, 18.46 por día y casi uno por hora.
Los números son fríos, como las muertes, y no deberían verse como cifras. Al ponerle rostro a cada asesinado vemos en cada víctima un drama humano de vidas truncadas por una violencia estructural y potenciada de manera malvada por quienes tuvieron el poder político, pues nunca les interesó la vida de la población, sino más bien proteger a sus ejércitos electorales, que eran en ese momento las pandillas que dominaban los territorios y, por consiguiente, movían la balanza política en uno u otro sentido, esto dependiendo de cuánto pagaban. De esa acción malévola existen ya casos judicializados, unos detenidos y otros huyendo, y refugiándose en la bandera de perseguidos políticos cuando lo que hicieron fue la ejecución de actos vandálicos, y aún con ello pagados con dinero de la población.
¡Qué actos más abominables!, y son los mismos que añoran volver a su «statu quo», lo cual no puede ni debe de permitirse. Lamentablemente para estos políticos facinerosos les llegó su hora, pues desde 2019 el pueblo salvadoreño se hartó y dio un triunfo contundente al actual mandatario, Nayib Bukele, quien puso en el centro de su acción política la vida de los salvadoreños mediante su política pública de seguridad denominada Plan Control Territorial (PCT), que vino a convertirse en la «medicina amarga» aplicada a la delincuencia, y posteriormente le siguió, por una coyuntura excepcional, el régimen de excepción junto con la construcción del Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo), el cual alberga a los más peligrosos integrantes de pandillas, incluyendo a un sujeto que públicamente expresó haber asesinado, solo él, a unas 500 personas. Pero estos son por los que partidos de oposición unen sus voces para gritar «¡libérenlos ya!».
La perspectiva sociológica de un fenómeno complejo conlleva la descomposición del tejido social, que se traduce en la mutilación de la familia, que es la base de la sociedad, y es donde el presidente Bukele, en su primer mandato, habló de la «medicina amarga», frase que utilizó la oposición para decir que sería un plan en contra de la población, pero que resultó en una medida fuerte y contundente en contra de las pandillas que controlaban el 90 % del territorio nacional y que prácticamente manejaban a su libre albedrío los territorios, donde se llegaron a recaudar millonarias cantidades de dólares en concepto de cobro de la mal llamada renta, lo cual incidía directamente en el activo circulante y, por consiguiente, economistas llegaron a especular que erradicar a las pandillas, y por ende el cobro de la renta, incidiría negativamente en la economía salvadoreña.
Ocurrió un fenómeno a la inversa, pues lo que se pagaba en ese concepto (renta) ha sido reinvertido por los empresarios y comerciantes de todos los estratos, y eso permite un respiro a la economía salvadoreña; por eso afirmo en estas líneas que el presidente Bukele y su política de seguridad colocan en el centro de la actividad del Estado y del Gobierno salvadoreño a la persona humana, logrando reducir los homicidios de manera significativa y logrando un hecho sin precedentes en el ámbito criminológico al bajar la tasa de homicidios de 103 a 1.9 por cada 100,000 habitantes; es decir, de tener 6,656 homicidios en un año a tener 114, cifra que en 2025 se buscará reducir de forma significativa para dejar de ser el país más seguro del hemisferio occidental y convertirnos en el país más seguro del mundo. De que se puede se puede.
Por otro lado, entran en vigor las reformas de la legislación de tránsito, entre ellas, la eliminación de raíz de conductores que manejan bajo los efectos del alcohol, o sea, alcohol cero para conductores, lo cual no implica que la población no pueda consumir, lo que no debe hacer es consumir y conducir, lo que es otra manera de preservar la vida de las personas, que de igual manera impacta en los recursos que el sistema de salud debe erogar, siendo millonarias las cantidades de dinero para reestablecer la salud de una persona lesionada en un accidente de tránsito, así como por medio del Fonat las indemnizaciones de quienes perdieron a familiares producto del mismo fenómeno. En este mismo ámbito se ha comenzado a imponer fotomultas para quienes excedan los límites de velocidad, comenzando por el bulevar Monseñor Romero, y ya se escuchan voces de los mismos de siempre esgrimiendo comentarios de que las multas están excedidas. Lo cierto es que para cambiar a un país y modernizarlo, no solo en infraestructura, también en modificación de patrones de conducta, hemos sido acompañados siempre por «la cultura del diablo», según lo escribió el Diablo Velásquez, filósofo y catedrático universitario en su libro con dicho título.
En el fondo no es lacerar el bolsillo de las personas, en el fondo es preservar la vida de todos los salvadoreños en su conjunto, es hasta un aporte pedagógico de paz para que de verdad olvidemos la violencia estructural e histórica, así como el rompimiento de viejos paradigmas de conducirnos como país.
Por eso se afirma que El Salvador es un país con un Gobierno que prioriza la vida de todos los salvadoreños.
