El uso de la mascarilla en Nicaragua parece ser una leyenda, en un país donde poco se conoce sobre la realidad en medio de la COVID-19, con un gobierno ausente para reforzar las medidas de bioseguridad en la población y una variación disonante entre las cifras de la pandemia que reporta el Ministerio de Salud con las que recogen diferentes organizaciones de derechos humanos.
Los datos del Ministerio de Salud indican que desde la aparición del virus en Nicaragua han habido 4,629 casos confirmados, 59 casos activos y 160 decesos. Los acumulados difieren de los reflejados en el Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua, que reporta 11,439 casos acumulados y 2,813 fallecidos.
Por su parte, la Asociación Nicaragüense pro-Derechos Humanos (Anpdh) indica que hay 10,513 casos confirmados y 2,751 fallecidos. Todas las cifras reportadas hasta el viernes.
El número real de contagios y muertes por coronavirus en Nicaragua es desconocido, incluso por el personal médico, que señala que desde el paso de los huracanes Eta e Iota, el gobierno no ha actualizado los reportes.
La doctora general que se mantiene en primera línea, July Pérez Navarrete, de 28 años, ha visto la lucha entre la vida y la muerte en los pabellones de emergencia en el Hospital Monte España, ubicado en Managua; y, aun así, al salir del centro de salud, la especialista percibe que la población no mantiene activa la guardia frente al virus.
«A escala hospitalaria puedo decir que se aplicaron las medidas, se hizo la división de pacientes y el resguardo para el personal médico. Al menos nosotros estamos equipados en ese aspecto, pero afuera del hospital, las personas han sido un poco renuentes con el uso de la mascarilla», detalló a «Diario El Salvador» la nicaragüense, que ha laborado durante tres años en el centro privado»,
July Pérez, doctora nicaragüense, que ha laborado durante tres años en el centro privado.
Navarrete recuerda que el período más crítico de atención a pacientes ocurrió de marzo a junio de este año, con afectaciones en personas de 20 a 60 años. Incluso ella no se salvó del virus en mayo y, aunque vivió una cuarentena de 20 días con síntomas leves, su padre, de 63 años, sufrió lo más grave de la enfermedad.
La doctora fue respaldada por el hospital privado, pero no sus padres, a quienes atendió desde su hogar con medicamentos que el gobierno impartió.
La pandemia llegó a su jefe –quien fue hospitalizado y se recuperó– y cobró la vida de un pediatra. Al menos 15 de sus vecinos en el barrio Riguero también fallecieron.
«Considero que el hecho de no saber la cantidad exacta [de contagios] ha sido controversial al momento de practicar el distanciamiento social. Las personas ajenas al sector salud piensan que no tenemos casos de la COVID-19, y que ya no nos vamos a contagiar», comentó.
La misma realidad es percibida por el sacerdote Agustín Ocampo, residente en Bilwi, en el Caribe, quien también padeció la COVID-19 en junio, o al menos esos fueron algunos de los síntomas de la enfermedad que lo debilitaron en esa época.
No tuvo acceso a una prueba y recurrió a un hospital privado porque el sector público de Bilwi se encuentra en condiciones precarias, según relató el religioso a este periódico.
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«Las pruebas son escasas y solo el Ministerio de Salud selecciona a quién se las aplica. El gobierno ha hecho lo que ha podido, pero desde el paso de los huracanes nadie ocupa mascarilla, ni en los albergues que habilitaron»,
Ciudadano afectado en Bilwi.
Al ser cuestionado sobre una posible vacuna en Nicaragua, Ocampo respondió que se dio cuenta por medio de las redes sociales, porque las comunidades aún no se recuperan por Iota e Eta, y no tienen acceso a electricidad.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió que las mascarillas deben utilizarse como parte de una estrategia integral de medidas para suprimir la transmisión y salvar vidas; pero incluso «el uso de una mascarilla por sí sola no basta para proporcionar una protección adecuada contra la COVID-19», explica.
La madre de Ocampo también se contagió, y durante los tres días que estuvo ingresada recibió medicamentos, pero durante 40 días la familia tuvo que apoyarse económicamente para el tratamiento.
El ministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, Iván Acosta, informó el 3 de diciembre que cuentan con $107 millones para comprar vacunas contra la COVID-19 y que podrían administrarlas el primer trimestre de 2021. Los especialistas, según medios locales, no consideran que la vacuna sea gratuita, pues la prueba de la COVID-19 tiene un precio de $150 para las personas que deseen salir del país centroamericano.
Situación actual y avances
El Observatorio Ciudadano COVID-19 Nicaragua indica que los departamentos más afectados son: Managua, Matagalpa, León, Estelí y Masaya. El gobierno anunció un préstamo con dos bancos internacionales para adquirir la vacuna y aplicarla a partir de 2021.
