Este viernes 3 de septiembre, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala decretó la eliminación de penas de cárcel para funcionarios por los delitos de corrupción, los cuales podrán ser solventados con el pago de solvencias económicas, informó el sitio Forbes Centroamérica.
Dicha decisión ha causado el rechazo en redes sociales tanto de abogados como de activistas políticos, algo que ocurre en el marco de fuertes críticas por parte de Estados Unidos a las autoridades guatemaltecas por su inacción en el combate a la corrupción.
La resolución implica modificaciones en delitos que tienen hasta 5 años de prisión, y serán validas hasta que sea publicada por el Diario Oficial de Guatemala.
De igual manera, esta decisión tiene efecto sobre delitos cometidos por funcionarios del poder judicial, en donde diferentes jueces y magistrados, de altas cortes del país, se han visto envueltos en escándalos de corrupción.