De los más de 50,576 pandilleros y colaboradores capturados durante el régimen de excepción, 44,513 que han enfrentado la primera audiencia del proceso penal, han quedado en prisión, según un informe proporcionado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Las diversas oficinas de la Fiscalía General de la República iniciaron las causas penales en los juzgados de las jurisdicciones donde soldados y policías hicieron las detenciones por el delito de agrupaciones ilícitas y otros hechos de crimen organizado.
Las agrupaciones ilícitas es el delito en común aplicado a todos miembros de pandillas y sus colaboradores, para probarle a los jueces la pertenencia a esos grupos terroristas, en el caso de los mareros, basta con los tatuajes alusivos a maras o el intento de muchos de ellos en borrárselos y diseñarse otros tatuajes.
Mientras que en el caso de los colaboradores, los fiscales presentaron otro tipo de indicios que va desde la ayuda que prestaban para que estas estructuras cometieron hechos delictivos, ya sea escondiendo armas y dinero, brindando transporte a los pandilleros y hasta informándoles de la presencia de las autoridades.
El informe de la CSJ detalla que desde el pasado 9 de abril, los 15 juzgados especializados de instrucción que funcionan en las tres zonas del país, han efectuado 561 audiencias de imposición de medidas, que es como la audiencia inicial en un proceso común, pero en este caso, a los pandilleros se les sigue el proceso aplicando la Ley Contra el Crimen Organizado y Delitos de Realización Compleja.
En San Salvador, los ocho juzgados especializados han instalado 328 audiencias que han dejado como resultado la orden de que continúen en 25,257 pandilleros, mientras dure el proceso penal.
Los jueces de la capital entraron a conocer expedientes que el ministerio público presentó en contra de capturados en los departamentos de San Salvador, La Libertad, Chalatenango, Cuscatlán, San Vicente, La Paz y Cabañas.
En la zona occidental, los cuatro juzgados ordenaron detención para 11,454 mareros y colaboradores que fueron procesados en 78 audiencias, fueron detenidos en los departamentos de Ahuachapán, Sonsonate y Santa Ana.
En cuanto al oriente del país, los tres juzgados especializados de instrucción han desarrollado 155 audiencias de imposición de medidas que los llevó a dejar en la cárcel a 7,802 que fueron arrestados en San Miguel, Usulután, Morazán y La Unión.
En los expedientes iniciados hay cabecillas de las pandillas en sus diversos rangos, colaboradores y los miembros activos entre los que figuran sicarios y extorsionistas.
Todas las audiencias las han desarrollado de forma virtual desde los penales Izalco, Mariona, Quezaltepeque, Cárcel de Mujeres y otras penitenciarías a donde los pandilleros fueron llevados tras ser capturados.
Además de las agrupaciones ilícitas, los jueces han procesado por delitos de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego y posesión y tenencia con fines de tráfico, privación de libertad, homicidio agravado, proposición y conspiración en el delito de homicidio y secuestro.
En las audiencias, los defensores han planteado a los jueces decretar desde sobreseimientos definitivos, provisionales y medidas sustitutivas a la detención, pero en las resoluciones esas peticiones fueron denegadas.
Los jueces han dicho que no es factible otorgar ninguna medida ya que los delitos acusados son graves y porque los arraigos presentados por los abogados no garantizan que van a continuar sometiéndose al proceso.
Al final de las audiencias de imposición de medidas los juzgados otorgaron a la Fiscalía General de la República plazos de cuatro a seis meses de instrucción para recolectar más pruebas e incorporarlas al expediente.
