Entre el 13 de marzo de 2023 y el 17 de marzo de 2025, 15 exfuncionarios de los gobiernos de ARENA y del FMLN fueron condenados por enriquecimiento ilícito y las diversas cámaras determinaron que entre todos se apropiaron de $6,389,696.5.
En los fallos emitidos por los magistrados se les ordenó reintegrar al Estado los montos que cada uno obtuvo de forma ilícita, pero en las sedes judiciales no se tiene registro de que hayan pagado y la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República ha tenido que presentar escritos de solicitudes forzosas para que se les obligue a devolver el dinero.
Las 15 demandas que fueron iniciadas por el ministerio público llegaron a la instancia final (audiencia probatoria) y hubo una efectividad del 100 % en condenas, ningún caso pudo ser desestimado por los abogados que representaron a los demandados.
En 2023 fueron encontrados responsables siete exfuncionarios. Entre Blanca Imelda Jaco de Magaña, Douglas Mejía Avilés, Benito Lara, José Atilio Benítez Parada, Eduardo Alfonso Linares Rivera, Alberto Romero y David Munguía Payés quedó establecido que tuvieron un incremento patrimonial no justificado de $1,862,586.
En 2024, los condenados por enriquecimiento ilícito fueron Medardo González, Lorena Guadalupe Peña Mendoza, Jorge Schafik Hándal Vega, Eugenio Chicas, Sigfrido Reyes y Luis Martínez. Al sumar el monto de los seis, las cámaras fallaron para que regresen $942,396.16.
Mientras que en marzo de 2025 la Cámara Ambiental con sede en Santa Tecla ha condenado a Nicola Ernesto Angelucci Silva y a David Rivas por un enriquecimiento ilícito de $3,584,713.55 entre ambos.
Las condenas fueron encaminadas desde la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde fue detectada una apropiación de fondos estatales evidenciada en declaración jurada de patrimonio de toma posesión y cese de funciones.
Probidad siguió con todos el debido proceso y les otorgó plazos para que presentaran pruebas y documentación de la procedencia lícita de los fondos.
Ninguno justificó de dónde obtuvieron los fondos para comprar propiedades, bienes como vehículos de lujo, cuentas bancarias y pagar tarjetas de crédito.
Durante los juicios civiles, los fiscales acreditaron que ejerciendo como funcionarios sus ingresos fueron superiores a lo que percibían de salarios, gastaban más de lo que ganaban y llevaron una vida de lujos y sin que les faltara nada con dinero obtenido ilícitamente.
La CSJ ordenó aplicarles la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos de 1959, la cual establece un régimen sancionatorio consistente en multas para que devuelvan al Estado el dinero obtenido de forma indebida.
Basándose en los artículos 20 y 21 de la normativa, la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía General de la República llevó los casos hasta la audiencia probatoria para que se impusieran las condenas como responsables de enriquecimiento ilícito sin causa justa y fueran sancionados a restituir al Estado el dinero sustraído.
También los exfuncionarios, al ser encontrados culpables, quedaron inhabilitados para ejercer cualquier cargo público durante 10 años.
PERSECUCIÓN PENAL
De los 15 condenados por la vía civil, a tres también los están procesando penalmente por enriquecimiento ilícito y están guardando prisión en diversas cárceles.
Uno de ellos es David Munguía Payés. En el Juzgado Cuarto de Instrucción es señalado por enriquecerse ilícitamente de $1,147,650.
En la Cámara Primera de lo Penal de San Salvador, el exdiputado de ARENA Alberto Armando Romero Rodríguez está esperando la audiencia preliminar por enriquecimiento ilícito de $1,612,388.
Mientras que el 27 de febrero, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral y exdiputado del FMLN Eugenio Chicas fue acusado de enriquecimiento ilícito de $202,557.51. Tras la audiencia inicial fue enviado a la cárcel.
