El Gobierno del presidente Nayib Bukele impulsa la adopción de la energía nuclear como una opción para diversificar la matriz energética. Debido a eso, la Asamblea Legislativa aprobó esta semana la Ley de Energía Nuclear para establecer el marco legal respectivo. En Latinoamérica, los únicos países que generan energía eléctrica a partir de una fuente nuclear son Argentina, Brasil y México, mientras que Chile y Perú tienen reactores de investigación y de radioisótopos.
Lo de esta semana se trata, entonces, de uno de los primeros pasos para cumplir objetivos más ambiciosos. En primer lugar, el Gobierno busca que El Salvador disponga de un reactor de investigación para después, luego de siete años, contar con las capacidades de generación de energía eléctrica.
Además, ya se firmaron acuerdos con otros Gobiernos para compartir experiencias y capacitar a personal. A través del Organismo para la Implementación del Programa de Energía Nuclear (Oipen), el Ejecutivo busca formar a 400 profesionales, un tema en el que será muy importante el apoyo de Argentina.
En la actualidad, la energía nuclear es una de las áreas con mayores controles en el mundo. Por eso mismo también es una de las fuentes menos contaminantes, a diferencia de la generación a partir de la combustión de materiales fósiles, que liberan muchos gases de efecto invernadero o nocivos para los seres vivos.
Otro punto a favor es la constante producción, que no dependerá del clima, como sí sucede con las hidroeléctricas, que enfrentan grandes dificultades durante la temporada seca, pero que se agrava con fenómenos relacionados con el cambio climático, que provoca sequías, con lo cual puede incluso suspender operaciones.
En cambio, la energía nuclear es constante y permite aumentar la generación a partir de la entrada de operación de plantas. Con mayor energía disponible, El Salvador tendrá mejores oportunidades para atraer a más industrias y proyectos turísticos.
El Salvador toma la vanguardia en Centroamérica para el uso pacífico de la energía nuclear, la cual garantizará mayor producción e incluso, en un futuro, duplicar la capacidad actual instalada, que es de 7,100 gigavatios.
La ley es muy estricta en establecer las regulaciones para la selección de sitios o emplazamientos de las plantas, además de sus diseños, construcción, operación, clausura y desmantelamiento, así como de la disposición de materiales, minerales y sustancias radiactivas que se utilicen en el proceso.
