«Queremos seguir beneficiándonos de esta medida excepcional que hemos estado aplicando en España y Portugal y que, en principio, solamente está vigente hasta el mes de mayo», anunció la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista en la televisión Antena 3.
«Así que sí, tenemos intención de pedir que, hasta tanto no se ha modificado la regulación europea, se pueda extender la aplicación de esa solución ibérica», por lo menos «hasta el final del año 2024», añadió Ribera.
En un contexto de subida de los precios ligada a la guerra en Ucrania, Madrid y Lisboa consiguieron en junio el permiso de Bruselas para desvincularse del sistema de tarifas europeo y poder ponerle límite al precio del gas que se usa en la producción de electricidad.
La «excepción ibérica» ha servido para que, en los últimos meses, bajen mucho los precios de la luz en España y Portugal.
El precio de la electricidad se fija en los mercados europeos por el principio de «coste marginal», en el que la energía más cara del sistema determina el precio de las otras.
Este mecanismo penaliza especialmente a España y Portugal, cuyas matrices energéticas se componen, en su mayoría, de energías renovables, y ya hay más países, como Francia o Italia, que pidieron su reforma para desvincular los precios de la electricidad de los del gas.
Otros, como Austria o Países Bajos, se oponen a este cambio y prefieren apostar por la libre competencia, el incentivo de medidas de eficacia energética o por reforzar las interconexiones de redes en el continente.
