El asesinato de Flor García no solo ha reflejado que es la expresión más repudiable en contra de una mujer, sino de la forma en cómo el causante de este hecho hizo para pasar desapercibido ante las autoridades.
Las investigaciones realizadas por la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) 24 horas de que se cometiera de ser reportada como desaparecida determinaron que Joel Valle, esposo de Flor, sería el principal sospechoso de este homicidio. El caso fue del conocimiento de las autoridades la noche del 16 de marzo cuando Valle ser acercó a interponer una alerta por la desaparición de su esposa.
La coartada de Valle, a criterio de las autoridades, siempre fue no llamar la atención para no convertirse en sospechoso, pese a mostrar en todo momento una conducta serena en público.
«Él genera una teoría de los hechos, una estratagema en la cual se hace pasar como víctima porque le habían desaparecido a su esposa», explicó el director de la PNC, comisionado Mauricio Arriaza Chicas durante la entrevista AM de canal 10.
Las averiguaciones determinaron que la joven sufría violencia intrafamiliar y pusieron a Valle como el «controlador» de Flor, cuyos restos fueron localizados a más de cien días de su desaparición enterrados en un predio en el kilómetro 32 de la carretera Panamericana, en Cojutepeque, Cuscatlán.
Hasta ese momento, Valle junto a su sobrino Francisco Valle habían sido arrestados por ser los principales implicados del asesinato de la joven.
«Tenemos especialistas que evalúan la conducta de toda persona que se ve envuelta en un crimen, no solamente en delitos de violencia intrafamiliar, sino también en toda diversificación de delitos (…) encontrar los restos de Flor nos vino a confirmar todo el diagnóstico del análisis criminal», comentó Arriaza Chicas.
El jefe policial agregó que Joel Valle «a sabiendas que había cometido ese delito compartía con sus niños. Era una persona que mantenía serenidad, calma y no mostraba ningún tipo de duda, sino que su vida la continuó normalmente como cualquier persona que lleva a sus niños, había algunas visitas a la iglesia y la conducta de él la continuó normal como si nada».
Según las estadísticas policiales, la institución está pendiente de 1,700 ejecuciones de medidas de protección por violencia de intrafamiliar, las cuales son monitoreadas a nivel nacional.
Arriaza Chicas explicó la función que en estos casos desarrolla la Policía. «Significa que las personas que han sido denunciadas y tienen medidas de protección judicial no pueden acercarse a las víctimas, si se acercan las violentas y son capturados y puestos a disposición de los jueces para que les cambien las medidas, por eso estamos monitoreando estas medidas», dijo.
