La guerra contra la corrupción, declarada por el presidente Nayib Bukele, es un proceso de permanente vigilancia para detectar irregularidades en el ejercicio de la función pública. Gracias a ello, la Fiscalía General de la República emitió 28 órdenes de arresto contra los integrantes de una red que vendía licencias de conducir.
De acuerdo con las autoridades, empleados de escuelas de manejo y de tramitadoras tenían acuerdos corruptos con trabajadores tanto del Ministerio de Obras Públicas (MOP) como del Viceministerio de Transporte (VMT) para vender licencias de conducir a personas inescrupulosas que no superaban los exámenes teóricos o prácticos, o que incluso ni siquiera se sometían a estos, porque no sabían leer ni escribir. Cobraban hasta $1,000 para entregar permisos a personas que claramente no estaban capacitadas para manejar vehículos automotores, poniendo en riesgo la vida de otras personas.
Esta mafia operaba en la clandestinidad, incluso tenía negocios fachada, como una barbería en San Miguel. Sin embargo, el trabajo coordinado de la Fiscalía, la Policía Nacional Civil, el MOP y el VMT logró la desarticulación de esta red.
Varias escuelas de manejo y empresas dedicadas a trámites de automotores fueron allanadas. Y oficinas de Gobierno recibieron a policías para proceder a las detenciones de los empleados públicos involucrados en esta red de corrupción.
El Gobierno del presidente Bukele mantiene una guerra sin cuartel contra el crimen en sus diversas formas. Y la lucha contra la corrupción —actual y pasada— es un pilar fundamental para construir un país moderno que ofrezca a todos los ciudadanos las mejores oportunidades para su crecimiento económico y personal.
Hacer de El Salvador el país más seguro del hemisferio occidental ha sido un logro sin precedentes. Conservarlo, como dice el presidente Bukele, es una tarea de todos los días. Y también se busca que las calles por las que circulan los salvadoreños sean más seguras. Para cumplir este objetivo se endurecieron las multas por infracciones viales y se implementó una política de cero tolerancias contra el consumo de alcohol para los conductores.
Y las calles no pueden ser seguras si personas que no cumplen los requisitos legales establecidos reciben permisos para conducir. Al contrario, los que permitieron estas irregularidades son cómplices de todas las desgracias que puedan ocurrir. El Gobierno ya tomó cartas en el asunto y aumentó los niveles de fiscalización de las tramitadoras y escuelas de manejo.
