El financiamiento estatal a los partidos políticos está por extinguirse tras más de cuatro décadas vigente. La obligación de dar fondos públicos a los partidos en contienda electoral nació en 1984. «Fue un factor de perversión de la cultura política y de la democracia electoral», considera el sociólogo y catedrático universitario René Martínez. El politólogo Óscar Martínez Peñate, por su parte, la define como un mecanismo que «provino de los impuestos de las personas trabajadoras y fue utilizado por las cúpulas partidarias para mantener a una gran cantidad de políticos sin trabajar».
La subvención estatal a las tesorerías de los institutos políticos en campaña electoral tiene su origen en la Ley de la Deuda Política aprobada en 1984 por la Asamblea Legislativa para desarrollar la disposición contenida en el artículo 210 de la Constitución de la República de 1983. Lo regulado en dicha ley fue desarrollado a partir de 1988 en el Código Electoral, y desde 2013 en la Ley de Partidos Políticos. La normativa electoral dio vida al «régimen de financiamiento estatal o deuda política para el desarrollo democrático», mientras que la norma aún vigente establece el «derecho a recibir del Estado una suma de dinero por cada voto válido que obtengan en las elecciones […]» que participen.
«Cuarenta años de financiar a los partidos políticos con los impuestos del pueblo se tradujo en un factor de perversión de la cultura política y de la democracia electoral, en tanto obligó a los ciudadanos a ser “cómplices forzados” de la corrupción que signó a dichos partidos», señala Martínez.
El Estado salvadoreño erogó en las elecciones generales del año pasado $19,774,219.3 por el valor del voto de la elección presidencial, $10,603,695.52 por el voto de la elección legislativa, $3,959,729.2 por el voto de la elección municipal y $5,440,033.5 por el valor del voto en la elección de diputados del Parlamento Centroamericano, totalizando unos $40 millones.
Peñate recuerda que la deuda política fue un «gran negocio» económico, con el agravante de que los dirigentes de los partidos cancelados por no obtener el porcentaje que determina la ley para sobrevivir nunca devolvieron el dinero público por sus votos válidos.
«El gran negocio de los políticos corruptos fue crear partidos y prácticamente obtener millones de dólares gratis; además, cuando los partidos no lograban obtener más de los votos de la elección anterior quedaban en deuda con el Estado, y ese dinero no fue reintegrado, se lo robaban, es decir, fue un negocio redondo», denuncia el politólogo.
La Asamblea Legislativa aprobó en su pasada sesión plenaria el acuerdo de reforma constitucional para derogar el artículo 210 de la Constitución, que establece: «El Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia. La ley secundaria regulará lo referente a esta materia».
Solo se espera la vigencia del acuerdo de reforma constitucional tras su publicación en el «Diario Oficial» para proceder a su ratificación y con ello sacar de la Carta Magna y del ordenamiento jurídico secundario lo regulado sobre la deuda política. Esto podría suceder en la plenaria de esta semana.
Christian Guevara, jefe de la bancada legislativa de Nuevas Ideas, recordó que la eliminación de la deuda política era una exigencia de los salvadoreños, que ya se concretó.
Para Reynaldo Carballo, jefe de la bancada del PDC, este financiamiento público nunca debió haberse regulado en la Constitución ni desarrollado en leyes secundarias.
