De forma mensual y en montos diferenciados era como el expresidente asilado en Nicaragua, Mauricio Funes, entregaba en concepto de «bonos» o «bonos de retiros» de 2009 a 2014 a algunos de sus exfuncionarios, según lo reveló el fiscal General, Rodolfo Delgado.
«Recibían dinero de fondos públicos y en montos diferenciados el dinero era entregado en casa presidencial y firmaban recibos, se ha autentificado las firmas, el dinero les era entregado en forma mensual y constituía una adición al salario por su función», explicó Delgado.
Agregó que cada año el asilado Funes autorizaba una bonificación ilegal y cuando algunos de sus exfuncionarios les otorgaron bonos de retiro de hasta $565,000.
Uno de los que recibió un bono de retiro por $530,000 fue Salvador Sánchez Cerén, tras culminar su periodo de vicepresidente.
Entre los arrestados en la «Operación Desfalco» está la ex vice y ministra de Salud, Violeta Menjívar, la exviceministra de Ciencia y Tecnología Erlinda Hándal e hija del fundador del partido de izquierda, Schafik Hándal; Calixto Mejía exdiputado y ex viceministro de Trabajo, el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres y Hugo Flores, exviceministro de Agricultura.
Delgado informó que giraron órdenes de captura y posteriormente solicitarán la difusión roja contra Sánchez Cerén, el exministro de Obras Pública, Gerson Martínez, la exministra de Medioambiente, Lina Dolores Pohl [quien trabaja con la FAO en México] y el exministro de Agricultura Guillermo López Suárez, quien recibió un bono de $565,000 a su retiro.
Según las investigaciones de la Fiscalía todas estas personas arrestadas contribuyeron al desfalco que le costó más de 350 millones de dólares al Estado salvadoreño por lo cual serán acusados del delito de lavado de dinero y la FGR asegura que para probarlo tienen como prueba los peritajes financieros, información de las instituciones del estado que dirigieron los implicados, entre otras pericias.
El titular del ministerio público explicó que este proceso, iniciado en 2019, es una derivación del caso «Saqueo Público». De acuerdo con Delgado, estos exfuncionarios recibían montos diferenciados en Casa Presidencial en conceptos de «bonos».
El jefe fiscal indicó que el proceso no se trata de una persecución política, sino de un requerimiento apegado a la ley. «Aquí no se trata de persecución política, aquí se trata de persecución de ladrones. Ellos no dudaron en ningún momento de traicionar al Estado y a El Salvador fiscal», enfatizó Delgado.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, secundó la declaración del fiscal y expresó que, «esto no se trata de presos políticos como lo quieren hacer ver, esto se trata de que estas personas son políticos corruptos».
«En estos 30 años de gobiernos de posguerra no tuvieron nunca ni el mínimo interés de sacar a El Salvador hacia un estado de paz y progreso, simplemente trataron de beneficiarse. Garantizaremos que les respondan a todos los salvadoreños que confían en que vamos a escribir una nueva página que como salvadoreños nos merecemos», añadió Delgado.
Lo recibido por exfuncionarios como «bonos» o «bonos de retiro» a parte de su salario:
1. Carlos Cáceres (exministro de Hacienda) $210,000
2. Calixto Mejía (ex viceministro de Trabajo $208,000
3. Violeta Menjívar (ex viceministra Salud) $177,000
4. Erlinda Hándal (ex vice. Ciencia y Tec.) $162,000
5. Hugo Flores (ex vic. de Agricultura) $174,000
6.Gerson Martínez (ex ministro Obras Públicas) $290,000
7. Salvador S. Cerén (vicepresidente 2004-2009) $530,000
8. Lina Pohl (exministra de Medio Ambiente) $177,000
9. Guillermo López (ex ministro de Agricultura) $565,000
