El expresidente de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), Reynaldo Vásquez Romero seis horas después de haber sido extraditado hacia los Estados Unidos fue presentado, durante la tarde de este viernes, ante un juez de Nueva York del proceso FIFA Gate.
El exdirigente es reclamado por un Tribunal de Distrito de Nueva York por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero.
EL CASO
Vásquez Romero, apareció incriminado el denominado caso «FIFA Gate», una investigación dirigida por la División Criminal de la Fiscalía de Nueva York en el Distrito Este, que arrastró a dirigentes de federaciones de varios países afiliadas a Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA).
La red de corrupción indagada en el año 2015 por la Fiscalía, llevó a que la Corte del Distrito este en Brooklin, Nueva York, promoviera en varios países procesos de extradición para 41 altos dirigentes de fútbol supuestamente corruptos, entre ellos Vásquez Romero.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador recibió solicitud para extraditar al exdirigente de fútbol, tras analizar el caso accedió a la pretensión con base en el Tratado de Extradición, firmado por El Salvador y Estados Unidos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.
La CSJ, si bien recibió solicitud por cinco delitos, solo autorizó entregarlo a Estados Unidos por asociación delictuosa, porque era el único ilícito que está en el catálogo de delitos que menciona el artículo 2 del tratado extradición firmado con Estados Unidos.
El abogado Mario Revelo, defensor del expresidente de la FESFUT, dijo que la pena fue cumplida en su totalidad el 7 de junio del año 2020, desde entonces ha estado recluido en el penal de Mariona, esperando que se definiera si Estados Unidos mantenía firme la solicitud de extradición.
Vásquez Romero, fue condenado a ocho años de prisión por el Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador, por el delito de apropiación o retención de cuotas laborales.
En el expediente penal la Fiscalía General de la República lo acusó como representante legal de la empresa Mobilia S.A. de C.V., por haberse apropiado de las cuotas laborales de 100 empleados.
