El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador inició, este miércoles, el juicio a la exalcaldesa de Soyapango, Nercy Patricia Montano de Martínez, Ricardo Roque Baires y otros tres acusados por la Fiscalía General de la República de cometer delitos de corrupción.
El tribunal definirá la situación jurídica de los cinco procesados por los delitos de apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes, malversación, infracción de las condiciones laborales o de seguridad social, negociaciones ilícitas, actos arbitrarios y falsedad ideológica.
Durante la vista pública se analizará la prueba que el Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango admitió al finalizar la audiencia preliminar, llegarán a declarar testigos quienes reforzarán la prueba documental recopilada en la fase de investigación.
A Nercy Montano, el ministerio público la cuestiona porque en su gestión cometió actividades delictivas relacionadas a malversación de $271,760.43, dinero que fue aprobado para proyectos en beneficio de los habitantes de Soyapango, pero que jamás se usaron para esos fines.
A Ricardo Arturo Roque Baires, el ministerio público lo procesa por defraudación de $187,530.12. Los otros enjuiciados en calidad de ausentes son: la extesorera municipal, Ruth Raquel Aguilar de Montano; Salvador Orlando Montano, exdirector de asuntos estratégicos y Francisco Antonio Henríquez, exgerente financiero de la comuna de Soyapango.
La Fiscalía General de la República recalca que los acusados obtuvieron beneficios propios y se aprovecharon de los fondos de la municipalidad de Soyapango.
La Unidad Penal de la Dirección de Intereses del Estado, está ofreciendo al tribunal documentos, pericias y testimonios de personas que rendirán su declaración con el fin de probar el actuar delictivo de los enjuiciados.
En el expediente se menciona que la exalcaldesa al cometer los delitos, afectó el orden socioeconómico, a empleados municipales y a las administradoras de fondo de pensiones.
La exfuncionaria fue capturada el 28 de diciembre de 2022 por la Policía Nacional Civil (PNC), por una orden que giró el ministerio público, la apropiación o retención de cuotas laborales en calidad de instigadora.
El incumplimiento de deberes es en perjuicio de la administración pública, subsidiariamente a la alcaldía municipal y de las administradoras de fondos de pensiones, por más de $387,042.71.
Montano de Martínez fue indagada por la Fiscalía luego de una denuncia que los trabajadores interpusieron el 14 de noviembre del 2021, declararon que no se les estaba pagando prestaciones sociales y que eso comenzó a ocurrir desde que inició la gestión edilicia.
