La corrupción en El Salvador se está combatiendo y las autoridades actuales han utilizado los recursos necesarios para que todo funcionario que se aprovechó de su cargo para enriquecerse enfrente la justicia. En los últimos tres años, más de 10 exfuncionarios, a quienes se les comprobó que se enriquecieron ilícitamente, fueron condenados a devolver al Estado el dinero cuyo origen no pudieron justificar.
Exministros, exdiputados e incluso expresidentes de FMLN y de ARENA han sido salpicados de sustraer fondos estatales, lo cual se comprobó en sus declaraciones juradas de patrimonio de toma de posesión y cese de funciones. Desde 2021 hasta la fecha, al menos 10 exfuncionarios fueron obligados a devolver al Estado más de $8 millones luego de que enfrentaron un proceso civil.
Las condenas que surgen de un juicio civil bajo la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos, vigente desde 1959, no contempla cárcel, sino más bien un régimen sancionatorio de multa e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años.
Entre las condenas más recientes por enriquecimiento ilícito está la del exministro de la Defensa, David Munguía Payés, y su esposa, Sandra Dinora Molina de Munguía. La Cámara Tercera de lo Civil ordenó que el exfuncionario del FMLN devuelva $459,123.74 y su esposa, $3,614.
Un informe de la Sección de Probidad hizo constar que se detectaron indicios de incremento patrimonial no justificado cuando Munguía Payés fungió como ministro de la Defensa entre el 1.o de junio de 2009 y el 21 de noviembre de 2011, en el Gobierno de Mauricio Funes.
También recientemente el diputa- do de ARENA Alberto Armando Romero fue declarado responsable civilmente por enriquecimiento ilícito y deberá devolver al Estado $445,766.05. Mientras que, en marzo pasado, Imelda Jaco de Magaña, exviceministra de Comer- cio e Industria en el Gobierno de Elías Antonio Saca; su esposo, Álvaro Alfre- do Magaña Granados, y su hija, Mónica Alexandra Martínez Jaco, fueron condenados por el mismo ilícito y deben devolver $129,498.48.
A ambos servidores les encontraron irregularidades en sus declaraciones presentadas ante la Sección de Probidad de la CSJ, las cuales no pudieron subsanar con pruebas o documen- tación de la procedencia de los fondos que justificaran de dónde habían ob- tenido propiedades, vehículos de lujo, cuentas bancarias, y pagado diversas tarjetas de crédito.
Otro salpicado de corrupción es el exdiputado del FMLN Benito Lara y su núcleo familiar, quienes deben devolver al Estado salvadoreño $109,555.87 al ser encontrados culpables por el mismo delito.
El exdirector del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE) Eduardo Alfonso Linares Rivera; el exviceministro de la Defensa, José Atilio Benítez Parada, y el exdiputado del partido Cambio Democrático (CD) Douglas Me- jía Avilés también han sido parte de los funcionarios condenados a reintegrar grandes sumas de dinero. Solo el exdiputado Mejía Avilés y su esposa deben reintegrar más de $322,761.73
«El compromiso de la Fiscalía es combatir la corrupción, y producto de ello es que presentamos demandas de enriquecimiento ilícito. Hay que recordar que la facultad de la Fiscalía también es formular cargos de naturaleza penal por este tipo de hechos», ha dicho el fiscal general, Rodolfo Delgado, cuando han denunciado esta forma de corrupción.
En 2021, de igual forma, la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador resolvió que el expresidente Antonio Saca y su esposa, Ana Ligia, se enriquecieron ilegalmente por un monto de $4,482,307.53, el cual deberán devolver.
La misma Cámara determinó en noviembre de 2021 que el expresidente del ex Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) Miguel Menéndez Avelar, Mecafé, también se apropió de fondos estatales y debe devolver $1,868,104.39.
Un registro de Probidad reveló que 33 exfuncionarios de los gobiernos de ARENA y del FMLN eran señalados de haberse apropiado de $35,983,559.86 entre enero de 2015 y mayo de 2022. Algunos de estos, como Eugenio Chicas, Lorena Peña y Rodolfo Párker, tienen procesos abiertos.
