Altos exfuncionarios de los partidos ARENA y FMLN, alcaldes de esos institutos políticos, un exdiputado del PCN figuran entre los condenados y los 167 procesos penales que la Fiscalía General de la Republica (FGR) inició por los delitos de cohecho [soborno] ya sea propio o impropio, ocurridos entre el 1° de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2021, según los registros de la Dirección de Análisis, Técnicas de Investigación e Información (DATI).
Los nombres de Mauricio Funes, Miguel Menéndez (a) Mecafé, Ada Michelle Guzmán Sigüenza (a) Michy; José Leopoldo Samour, José Efraín Quinteros y Luis Martínez aparecen en los requerimientos que el ministerio público ha presentado ante los distintos juzgados contra los involucrados en aceptar u ofrecer dádivas.
El pagar o recibir sobornos es penado con entre tres a seis años de prisión, más la inhabilitación especial del empleo o cargo por igual tiempo. El artículo 330 del Código Penal define ese ilícito como, «el funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, que por sí o por persona interpuesta, solicitare o recibiere una dádiva o cualquiera otra ventaja indebida o aceptare la promesa de una retribución de la misma naturaleza, para realizar un acto contrario a sus deberes o para no hacer o retardar un acto indebido, propio de sus funciones».
En el caso del cohecho impropio es sentenciado con prisión de dos a cuatro años e inhabilitación especial del cargo o empleo por igual tiempo y el artículo 331 de la referida legislación explica que lo comete aquel funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, que por sí o por persona interpuesta, solicitare o recibiere una dádiva o cualquiera otra ventaja indebida o aceptare la promesa de una retribución de la misma naturaleza, para realizar un acto propio de sus funciones o por un acto ya realizado propio de su cargo.
Entre el total de procesos por el referido delito [167], 126 son de cohecho propio y 35 en modalidad impropio. En ese periodo San Salvador encabeza la lista con 70 casos, Santa Ana 20; La Libertad 14, Ahuachapán y La Unión reportan 8 respectivamente, Sonsonate 7, Usulután 6 y San Miguel 5.
El pasado 2 de febrero, el ministerio público acusó formalmente ante el Tribunal Tercero de Instrucción de San Salvador al expresidente asilado en Nicaragua, Mauricio Funes y a Mecafé por recibir dádivas a cambio de adjudicar proyectos.
Las investigaciones detallan que los exfuncionarios habrían otorgado la construcción del Puente San Isidro, que conectaría la zona norte del departamento de La Libertad con el departamento de Chalatenango, a la empresa guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción (SERDELCO S.A.), que no tenía la capacidad instalada para realizar dicha obra.
La asignación presupuestaria para el proceso de diseño y construcción del proyecto relacionado asciende a la cantidad de US$ 8,487,716. La Fiscalía logró determinar que la empresa guatemalteca otorgó, en concepto de soborno, un avión Beechcraft King Air 90-TG ADL, a los imputados, quienes habrían utilizado dicha aeronave para viajes personales, el que incluso hasta lo habrían rentado.
La construcción de la obra, en el norte del país, debió comenzar en el año 2013. Dado que la revisión técnica y económica que realizó el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la empresa había determinado que dicha sociedad no contaba con la capacidad para construirlo. Sin embargo, el avión continuó en uso y goce de los imputados.
Por esta causa Mecafé fue enviado a juicio en marzo pasado por el Tribunal que lleva el proceso.
El proyecto se adjudicó en 2016 en la empresa FESSIC S.A de C.V, y supervisada por la empresa Roberto Salazar y Asociados. Fue inaugurado por el ahora prófugo Sánchez Cerén en 2017.
62 EXFUNCIONARIOS DETENIDOS
El 29 de abril de 2021, la Fiscalía giró orden de detención contra los exalcaldes de Zacatecoluca Francisco Hirezi [FMLN], y el exacalde de San Rafael Obrajuelo por Gana, Rafael Amílcar Aguilar, quienes junto a otras 16 personas de su concejo municipal habrían recibido $344,000 en dádivas y otros beneficios para adjudicar proyectos comunales a comerciantes
En octubre de 2020 detuvieron al exalcalde de Yucuaiquín, La Unión, por el partido ARENA, Carlos Ernesto Gutiérrez Villatoro tras ser acusado de recibir dádivas por más de $30,000 a cambio de adjudicar proyectos municipales a empresas. En el mismo procedimiento también arrestaron a Carlos Arturo Mejía, quien figuraba como representante legal de la Sociedad M&M, S.A. de C.V.
Gutiérrez Villatoro fungió como edil durante el periodo del 1 de mayo del año 2012 al 30 de abril del 2015. Según la investigación de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción el exalcalde recibió dádivas por un monto de $32,000 de parte del contratista Mejía.
En el requerimiento se lee que ambos imputados realizaron actos contrarios a sus deberes, entre los que se señala que como alcaldía se acordó priorizar el proyecto denominado, «Construcción de Alcaldía Municipal y Salón de Usos Múltiples». En esa ocasión, uno de los fiscales del proceso manifestó que no hubo justificación técnica para la realización del proyecto, y tampoco existía presupuesto suficiente para llevarlo a cabo, entre otras conductas de favorecimiento.
Por el momento, el caso contra el exalcalde arenero sigue en proceso.
FISCALÍA LOGRÓ 27 CONDENAS de acusados de soborno
Un total de 27 sentencias condenatorias fueron las que el ministerio público logró en los últimos tres años, entre la que destaca la del exdiputado, Roberto Carlos Silva Pereira, quien el martes 15 de marzo de 2022 fue condenado a 22 años de prisión, de los cuales fueron 10 por cohecho y 12 por lavado de dinero y activos.
En la investigación salió a la luz que el exlegislador sobornó a 21 alcaldes y regidores, creo cuatro «empresas de papel» o fachada, para blanquear el dinero de la adjudicación de proyectos municipales que tenían el denominador común de amaño de licitaciones a cambio del 10% de la obra. El mecanismo corrupto fue reforzado por declaraciones de los exalcaldes.
El requerimiento detalla que antes de someterse a licitación pública un proyecto, ya había un acuerdo entre el exdiputado y los ediles; se hacía el proceso para hacer ver que se había seguido el procedimiento, pero bajo la mesa, Silva Pereira ya tenía garantizado que sus «empresas de papel» iban a ejecutar las obras.
Cuando ya se le había adjudicado el proyecto y desembolsado el dinero, Silva les entregaba el 10% del monto a los alcaldes, según la obra, así era el monto a entregar, cada uno de los sobornos a más de una docena de alcaldes fueron documentados y sirvieron para condenar a Silva Pereira.
Las empresas de fachada implicadas son: Caminos y Edificaciones (CED) y Proveedores y Constructores de Obras Viales, Eléctricas y Civiles (Provecon), R y N Constructores que significa Roberto y Nora, nombres del exdiputado Silva y de su esposa, Nora Emely de Silva y, la Sociedad T Construcciones y Supervisión.
