El exministro de la Defensa en el gobierno del FMLN, José Atilio Benítez y su esposa, Emma Isaura Muñoz de Benítez, enfrentaron este martes en la Cámara Ambiental con sede en Santa Tecla, la audiencia preparatoria por supuesto enriquecimiento ilícito.
En la diligencia que es la primera del juicio civil, fiscales de la Unidad Anticorrupción señalan a los dos demandados de un incremento patrimonial no justificado de $169,957.35 detectado en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia en ocho irregularidades.
En el desglose de cada uno, se detalla que el exministro no desestimó cuatro irregularidades consistentes en 40 depósitos efectuados a cuentas corrientes a su nombre.
Por similar cantidad de irregularidades es señalada su esposa quien hizo depósitos bancarios, pagos a créditos hipotecarios y pagos en efectivo a tarjetas de crédito por un monto de $56,613.35.
La investigación realizada por la Fiscalía, abarca la gestión del exfuncionario entre los años 2009 al 2011 y la pretensión es que la demanda avance a la etapa de la audiencia probatoria que es la última del proceso para que sean condenados a devolver al Estado los más de $169,000.
El ministerio público basándose en el artículo 21 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos que data desde el año 1959, han pedido que sean inhabilitados a ejercer un cargo público por un plazo de 10 años.
Benítez, tiene un proceso penal activo por el caso conocido como «Centrum» por los delitos de peculado, falsedad documental agravada y actos arbitrarios, en ese expediente también son acusados, el expresidente de ARENA, Gustavo López Davidson, el exministro de Defensa, David Munguía Payes, el coronel Manuel de Jesús Romero y Héctor Abel Herrera Mejía, gerente general de la sociedad Centrum S.A. de C.V.
Según la Fiscalía, bajo un contrato de permuta tipo subasta Munguía Payés y Benítez, favorecieron a Centrum S.A. de C.V, entregando armas en buen estado a cambio de dos obuses (cañones antiaéreos) que no sirven, causando con esa acción un perjuicio económico de 2,706,472 al Estado.