El Juzgado Tercero de Instrucción suspendió la audiencia contra el expresidente de la república y prófugo en Nicaragua, Mauricio Funes Cartagena por el delito de casos especiales de lavado de dinero.
La suspensión de la diligencia se debió a que la jueza se excusó del caso y lo envió a la Cámara Tercero de lo Penal de San Salvador para que esta decida cuál juzgado de instrucción conocerá el proceso.
En febrero de este año, el Juzgado Tercero de Instrucción envió a juicio a Miguel Meléndez, «Mecafé» condenado en el mismo caso por el cual está siendo procesado Funes, por tal motivo la jueza decidió no conocer del caso.
Las investigaciones detallan que los exfuncionarios habrían otorgado la licitación para construir el puente San Isidro que conectaría la zona norte del departamento de La Libertad con el departamento de Chalatenango, a una empresa guatemalteca, Servicios Calificados de la Construcción (SERDELCO S.A.), que no tenía la capacidad instalada para realizar dicha obra. Dieron la licitación y a cambio los imputados recibieron como dádiva la avioneta.
La asignación presupuestaria para el proceso de diseño y construcción del proyecto rondó los $ 8,487,716,94.
La Fiscalía ha logrado determinar que la empresa guatemalteca otorgó, en concepto de dádiva, un avión Beechcraft King Air 90-TG ADL, a los imputados, quienes habrían utilizado dicha aeronave para viajes personales, el que incluso hasta lo habrían rentado.
La construcción de la obra, en el norte del país, debió comenzar en el año 2013, pero nunca se hizo nada. Dado que la revisión técnica y económica que realizó el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la empresa había determinado que dicha sociedad no contaba con la capacidad financiera para realizarla. Sin embargo, el avión continuó en uso y goce de los imputados.
LA CONDENA DE MECAFÉ
De acuerdo con la Fiscalía, el Tribunal estableció tres momentos importantes que permitieron establecer la condena; primero, la adquisición ilegal de la avioneta de parte de «Mecafé» cuando fungió como asesor de la presidencia del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), durante la administración Funes.
Segundo, el proceso de licitación privado – para la adjudicación del proyecto de construcción de un puente en Chalatenango a una sociedad privada extranjera- estaba lleno de irregularidades e ilegalidades que contravenían con las leyes locales, como la Ley de Adquisiciones y Contrataciones Públicas (LACAP) y con la legislación internacional, específicamente con la del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
Y el tercero, es la utilización, uso, posesión y conocimiento de que la avioneta tenía un origen ilícito y que tenía finalidad de legitimación por parte del procesado.
Contra Menéndez Avelar, se mantienen pendientes dos procesos judicialmente activos en los que habría participado durante el gobierno de Funes, caso de El Chaparral y Saqueo Público.
