Fiscales que investigaron a una estructura de 50 pandilleros de la 18 por una serie de delitos de crimen organizado, han presentado las últimas pruebas con las que pretenden que el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, imponga elevadas condenas por los hechos criminales consumados entre el 2014 y 2016.
El tribunal ha recibido evidencia de 25 casos de extorsión en perjuicio de víctimas con régimen de protección entre las que hay comerciantes, empresarios y transportistas quienes fueron amenazados para pagar cuotas de dinero para tener derecho a transitar por calles y avenidas de la capital y para que sus negocios pudieran funcionar.
La FGR ha ofrecido testimonios de personas quienes también tienen la calidad de víctimas y que como afectados por el accionar de los pandilleros de la 18 expusieron la forma en la que fueron obligados a pagar dinero a los terroristas.
Algunos transportistas cuyas unidades ingresaban a la capital, en puntos específicos debían entregar la extorsión a los pandilleros, para lo cual habían dado instrucciones a motoristas y cobradores para que entregaran las cuotas.
La principal amenaza fue que iban asesinar a los empresarios, a sus empleados y hasta quemar las unidades, para evitar represalias tuvieron que acceder a los chantajes.
A empresarios que tenían sus negocios también los habían extorsionado y para que sus establecimientos no fueran afectados y hasta llegar a cerrar, mientras que a los pequeños comerciantes también los amenazaron para que entregaran dinero para tener derecho a vender en el centro de San Salvador.
La Fiscalía también presentó declaración de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que investigaron la estructura que delinquía en las comunidades Modelo 2 y 3, San Luis Portales, Peralta y barrio Lourdes, de San Salvador. Los mareros son acusados de 25 extorsiones, cinco casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado, una privación de libertad y agrupaciones ilícitas.
