En el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado de San Salvador, la Fiscalía General de la República ha presentado este jueves, la acusación de Gerardo Quijada Orellana, conocido como «Mr. Miyagi» quien junto a otras ocho personas son señalados de integrar una red de estafadores.
El expediente judicializado identifica a Mr. Miyagi como el cabecilla de estructura y le acompañaban en la comisión de los delitos, sus familiares, abogados y representantes legales de sociedades creadas para delinquir.
Además de Quijada Orellana, quien era el dueño de talleres GQ, el ministerio público ha acusado a José René Ventura Alvarado, Jorge Carlos Figeac Cisneros, César Roberto Trujillo Menéndez, sus hijas Jennifer Marcela Quijada Suncín y Mónica Elena Quijada Suncín y Mirna Elena Suncín de Quijada (esposa), así como a Milton Eduardo Chávez Chicas y Jorge Alberto Cruz.
En la solicitud de imposición de medidas, la Fiscalía ha pedido que los imputados continúen en prisión por los delitos de estafa agravada, amenazas con agravación especial, cohecho y agrupaciones ilícitas.
Una investigación del ministerio público destaca que la red dirigida por Mr. Miyagi, rentaba locales en zonas de alta plusvalía por plazos de 3 a 5 años, al principio cumplía con los pagos, pero con el paso de los meses incumplía con el acuerdo.
Cuando los propietarios de los inmuebles intentaban contactarse con la sociedad a la que le habían rentado descubrían que ya no existía y aparecía como una empresa diferente y con otro representante legal.
El plan criminal de la banda era que cuando los propietarios de los locales intentaran recuperar los pagos y acudieran con denuncias, el equipo de abogados que eran parte de la estructura, con artimañas dilataban los procesos por años y se evitaban pagar los inmuebles donde continuaron funcionando.
Como parte de las indagaciones, el pasado 19 de septiembre, la Fiscalía y Policía Nacional Civil (PNC), hicieron allanamientos en inmuebles de Quijada Orellana, propietario de los talleres GQ Racing Sport y varios miembros de la red.
Algunos inmuebles están ubicados en Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán, La Libertad, así como en la colonia San Francisco, San Salvador. Uno de los registros fue en un apartamento de la colonia San Francisco, San Salvador, propiedad de Jennifer Maricela Quijada Suncin, hija de Gerardo Quijada, quien según el ministerio público es testaferro de la estructura.
Quijada Orellana fue condenado, el 19 de septiembre, a seis años de prisión por el delito de estafa en perjuicio de una sociedad a la que deberá de pagarle $929,673.10 en concepto de responsabilidad civil. En total la estructura defraudó con más $2.1 millones a diversos proveedores y dueños de inmuebles, pero la cantidad puede incrementar conforme avancen las investigaciones.
