La Fiscalía brasileña imputó el martes al expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro y a 33 colaboradores por un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la asunción de su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
«La organización tenía como líderes al entonces presidente de la República (Jair Bolsonaro) y su candidato a vicepresidente (Walter Braga Netto)», también imputado, agregó.
Bolsonaro, de 69 años, fue acusado principalmente de «golpe de Estado», «tentativa de abolición violenta del Estado democrático de derecho» y «organización criminal armada», según el mensaje de la Procuraduría General de la República (PGR).
De ser hallado culpable por estos delitos, se enfrentará a entre 12 y 40 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal.
«Las investigaciones revelaron la operación de ejecución de un golpe» en el que se contemplaba «incluso la muerte del presidente electo de la República (Luiz Inácio Lula da Silva) y su vicepresidente (Geraldo Alckmin), además de un juez» de la corte suprema, detalla la PGR.
Bolsonaro ha negado las acusaciones y se considera un «perseguido» por la justicia.
«Último intento» en 2023
Entre los imputados figuran también el exdirector de inteligencia Alexandre Ramagem, el excomandante de la Marina Almir Santos, el exministro de Justicia Anderson Torres y Mauro Cid, ex mano derecha de Bolsonaro, quien tiene un acuerdo de colaboración premiada.
La fiscalía sostiene que la trama golpista que pretendía revertir la derrota electoral de Bolsonaro frente a Lula no se consumó por falta de apoyo institucional de los altos mandos del Ejército.
Pero los acusados hicieron «un último intento» el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro atacaron las sedes de los poderes estatales en Brasilia, «incentivados» por el expresidente y sus colaboradores, dijo.
La imputación, basada en una investigación de la policía, queda ahora en manos de la corte suprema, que deberá decidir si juzga al exmandatario por estos hechos.
«El intento de golpe de Estado (…) se convirtió en una acusación vacía, que no tiene absolutamente ninguna prueba contra Bolsonaro», reaccionó en la red social X uno de sus hijos, el senador Flavio Bolsonaro.
La defensa del ultraderechista se mostró «asombrada» e «indignada». El expresidente «nunca» estuvo relacionado con ningún «movimiento que persiguiera la deconstrucción del Estado democrático de derecho», dijo en una nota.
El diputado teniente coronel Luciano Zucco, líder de la oposición en la cámara baja, cuestionó por su parte la imparcialidad de la acusación.
«Examinando las pruebas»
El presidente del máximo tribunal, Luis Roberto Barroso, dijo el lunes que Bolsonaro sería juzgado «examinando las pruebas» y sin «una visión politizada».
Bolsonaro también se adelantó al anuncio de la fiscalía más temprano este martes, al declarar a periodistas en Brasilia que no tenía «ninguna preocupación» por la posibilidad de ser inculpado.
Sus declaraciones tuvieron lugar en el Senado, adonde acudió para discutir estrategias para impulsar una ley de Amnistía para los acusados por el asalto a las sedes de los poderes del Estado.
La corte suprema ha condenado a casi 400 personas por ese ataque, algunos hasta a 17 años de prisión.
Bolsonaro tuvo que declarar ante la policía como presunto instigador de esos disturbios.
Inhabilitado para 2026
Según la indagación previa de la policía, Bolsonaro «planeó, actuó y tuvo dominio de forma directa y efectiva» de una trama golpista, que finalmente no se consumó por «circunstancias ajenas a su voluntad».
Bolsonaro habría discutido la elaboración de un «decreto presidencial» que justificaba la necesidad de un «estado de defensa» para evaluar la validez del proceso electoral de octubre de 2022, en el que resultó electo Lula.
Las discusiones contemplaron la detención del entonces presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, y el llamado a nuevas elecciones, de acuerdo con el informe policial.
La policía ya recomendó inculpar a Bolsonaro en otros dos casos: por obtener un certificado de vacuna anticovid fraudulento y desviar artículos de lujo recibidos como obsequios cuando era presidente.
Además, en junio de 2023 fue condenado por la justicia electoral, que lo inhabilitó para ser candidato en las presidenciales de 2026 por cuestionar sin pruebas las urnas electrónicas de votación.
Pese a ello, ha reiterado su intención de concurrir a esa contienda y ha confiado en que el presidente estadounidense, Donald Trump, a quien considera su «amigo», le ayude a revertir su inhabilitación.
