La Fiscalía, al mando de la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por «corrupta» y «antidemocrática» , afirma que los comicios de 2023 ganados por el actual presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo son «nulos» por presuntas irregularidades, y lleva adelante investigaciones criticadas por el gobierno y la comunidad internacional.
«La Fiscalía Especial contra la Impunidad desarrolla diligencias de allanamiento» en la oficina de la dirección de Recursos Humanos del Tribunal Supremo Electoral, dijo a periodistas su vocero, Moisés Ortiz.
«Como resultado de las diligencias (…) se coordinó la aprehensión de» la funcionaria Angelita Martínez, jefa de archivo del tribunal y líder sindical, agregó.
Al bajar de un autopatrulla en la sede de los tribunales, Martínez dijo a periodistas que su arresto era una «represalia» por no colaborar con la Fiscalía.
Agregó que era «testigo protegido» por haber denunciado un supuesto «fraude» en las elecciones, pero luego se abstuvo de continuar colaborando con la Fiscalía porque recibió «amenazas de muerte».
«Me imagino que [la detención] es represalia porque ya no seguí con las denuncias», indicó.
Las investigaciones de la Fiscalía pusieron en riesgo en enero de 2024 la toma de posesión de Arévalo, quien denunció que eran parte de un plan de «golpe de Estado» para evitar que él asumiera el poder por su promesa de combatir la corrupción.
Desde 2023, la Fiscalía ha allanado varias veces la sede central y otras oficinas del tribunal electoral.
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad es dirigida por el polémico fiscal Rafael Curruchiche, también sancionado por Estados Unidos y la Unión Europea.
La fiscal Porras tiene mandato hasta mayo de 2026, mientras el presidente Arévalo busca medidas legales para destituirla al carecer de facultades para removerla del cargo.
