La Fiscalía General de la República (FGR) presentó ante el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador un recurso de apelación para revocar las medidas sustitutivas a la detención contra nueve exfuncionarios del FMLN procesados por crear una red para desviar millones de dólares de las tiendas institucionales de los centros penales a través de la Asociación Yo Cambio.
«Se ha presentado un escrito con un recurso de apelación en contra de las medidas sustitutivas a la detención provisional que dictó la jueza sexta de paz de San Salvador, a favor de nueve imputados, quienes trasladaron el dinero de las tiendas institucionales a la asociación Yo Cambio», indicó una fuente fiscal.
Agregó que la petición es para que se les revoquen las medidas a Mauricio Ernesto Ramírez Landaverde, exministro de Justicia y Seguridad; Marco Tulio Lima Molina, exdirector general de Centros Penales; Orlando Elías Molina Ríos; Raúl Antonio López; José Roberto Nochez Melara; Sergio Ernesto Chicas Mejía; Luis Alonso Barrera Peñate; Ramón Fernando Roque Martí y María Flor Hernández quien estuvo ausente el día de la audiencia. Todos exfuncionarios en el gobierno de Salvador Sánchez Cerén.
«Estas son las personas que formaban parte de la junta directiva de Asocambio, además son exfuncionarios del ministerio de Justicia y Seguridad Pública y de la Dirección General de Centros Penales, ellos pretendían trasladar todo el dinero en efectivo de las tiendas institucionales a 21 cuentas que estaban a nombre de Centros Penales, esto no lo lograron debido a que el sistema financiero se negó a abrir las cuentas a nombre de Asocambio», explicó la fuente.
El pasado 15 de septiembre, tras concluir la audiencia inicial, la jueza sexta de paz decretó las medidas sustitutivas a la detención y resolvió que los imputados sigan con medidas como la prohibición de salir del país y el pago de cauciones económicas que van desde los $1,000 hasta los $5,000.
En el caso del exministro de Justicia y Seguridad Pública, Ramírez Landaverde, la caución es de $5,000.
DETENCIÓN
Los imputados fueron detenidos el 9 de septiembre acusados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio [recibir sobornos] y falsedad ideológica.
De acuerdo con la investigación fiscal, los vinculados gastaron el dinero en aumento de salarios para los miembros de la Sociedad Asocambio, compra de vehículos y otros bienes para beneficios personales.
En una entrevista realizada el 10 de septiembre, el fiscal General, Rodolfo Delgado reveló que el flujo económico generado por las tiendas del sistema penitenciario habría sido destinado para acuerdos entre pandilleros, exfuncionarios del FMLN y los llamados «mediadores» para fortalecer la denominada «tregua entre pandillas», la cual fue avalada por el gobierno corrupto del prófugo, Mauricio Funes.
Desde 2018, Landaverde y el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima fueron señalados de crear una ONG, denominada Asocambio, para desarrollar y administrar las 347 tiendas en las cárceles y granjas penitenciarias que comercializan alimentos. Con esta movieron millones de dólares producto de las tiendas penitenciarias.
