La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este día ante el Juzgado Sexto de Paz de San Salvador la acusación formal contra exfuncionarios de la Dirección de Centros Penales investigados por supuestamente malversar más de $14 millones de dólares de las tiendas penitenciarias para beneficios personales y hasta para financiar la tregua entre pandillas iniciada con el expresidente prófugo, Mauricio Funes.
Los imputados son: el exministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaverde; el exviceministro de Justicia, Raúl López; exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima, José Roberto Nóchez, exdirector jurídico del ministerio de Justicia: Orlando Elías Molina, exdirector interino de Centros Penales; Sergio Ernesto Chicas, exsubdirector jurídico del ministerio de Justicia, Luis Alonso Barrera, exdirector ejecutivo del ministerio de Justicia y Ramón Fernando Roque, exdirector interino de Centros Penales.
Todos son acusados por los delitos de actos arbitrarios, peculado, cohecho impropio [recibir sobornos] y falsedad ideológica.
De acuerdo con la investigación fiscal, los vinculados gastaron el dinero en aumento de salarios para los miembros de la Sociedad Asocambio, compra de vehículos y otros bienes para beneficios personales. En una entrevista del pasado viernes, el fiscal General, Rodolfo Delgado reveló que el flujo económico generado por las tiendas del sistema penitenciario habría sido destinado para acuerdos entre pandilleros, ex funcionarios del FMLN y los llamados «mediadores» para fortalecer la denominada «tregua entre pandillas», la cual fue avalada el gobierno corrupto del prófugo, Mauricio Funes.
En la conferencia del jueves, Delgado dijo que los imputados encontraron en Asocambio «un mercado cautivo para hacerse de sus bienes», al necesitar de estos ellos incrementaron de manera perversa poco a poco la cantidad de dinero que un reo podía manejar en el sistema penitenciario, con el objeto de generar más ganancias, las cuales no eran invertidas en la rehabilitación, sino que derivó en actividades de otra naturaleza.
«Este día, develamos una nueva forma de enriquecerse ilícitamente por parte de exfuncionarios del FMLN. Esto se aúna a las otras formas que ya conocemos de llevar dinero a sus bolsillos y no colocarlos en educación, salud y seguridad. Nunca les interesó arreglar los problemas sociales de El Salvador en la posguerra. Destinaron dinero de las tiendas penitenciarias para pagar su tregua mafiosa con grupos irregulares; ellos jugaron con la sangre del pueblo para sus beneficios personales», manifestó ese día el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Desde 2018, Landaverde y el exdirector de Centros Penales, Marco Tulio Lima fueron señalados de crear una ONG, denominada Asocambio, para desarrollar y administrar las 347 tiendas en las cárceles y granjas penitenciarias que comercializan alimentos. Con esta movieron millones de dólares producto de las tiendas penitenciarias.
