Según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), un estimado de $14 millones provenientes del flujo económico generado por las tiendas del sistema penitenciario habrían sido destinado para acuerdos entre pandilleros, ex funcionarios del FMLN y los llamados «mediadores» para fortalecer la denominada «tregua entre pandillas», la cual fue avalada el gobierno corrupto del prófugo, Mauricio Funes.
«Una de las líneas de investigación es que parte de estos dineros pueden haber financiado los diferentes pactos de no persecución penal o treguas que se ejecutaron en esas administraciones, hay que entender que todos esos andamiajes mediante los cuales los denominados mediadores entre el gobierno y las administraciones del FMLN tenía que sufragar gastos», explió el fiscal general, Rodolfo Delgado, en la entrevista AM de Canal 10.
Delgado comentó que con estos recursos se sostenían los «mal llamados mediadores para cumplir su objetivo de no perseguir a los criminales aún cuando seguían cometiendo fechorías».
Por estos señalamientos de obtener recursos públicos provenientes de los flujos del sistema penitenciarion, a través de ASOCAMBIO, fue arrestado el ex ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez Landaver, el cual era presidente de esta organización.
También fue capturado el ex director de Centros Penales, Marco Tulio Lima, en su calidad de secretaio de ASOCAMBIO, que fue creada el 28 de agosto de 2018.
Las investigaciones de la Fiscalía han determinado que en este momento Centros Penales adeudan más de $2.9 millones a varios proveedores porque nunca les fueron cancelados los servicios que brindaban durante los gobiernos del FMLN.
«Una parte de esos fondos tenían su origen cuando se dan los cambios de administración, es decir, cuando pasan de un gobierno de ARENA a los del FMLN, en ese momento se ´extraviaron´ esos controles y eso provocó un caos que no se sabían a quién se le debía», dijo el fiscal general.
Por otra parte, el fiscal genera aseguró que tanto las recientes capturas de ex funcionarios que administraban los centros penitenciarios en gobiernos del FMLN, así como los casos de exfuncionarios en gobiernos de ARENA señalados de reibir sobresueldos, no tienen que ver con persecución política, sino con las prácticas corruptas que realizaron en el pasado para beneficiarse de fondos públicos.
«No es persecución política, es persecución de ladrones y de los que defienden ladrones, de los que se están escudando en prácticas corrupas del pasado y están tratando de defender lo que hicieron durante décadas en perjuicio de los salvadoreños», aseguró el fiscal general.
Para este viernes el fiscal general acudirá como invitado a la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa que investiga la entrega de sobresueldos y fondos públicos destinados a ONG fachadas en gobiernos de ARENA y FMLN.