Fiscales de la Unidad Especializada de Extinción de Dominio han terminado de recopilar todas las pruebas para que $360,418.81 en bienes, inmuebles y dinero en efectivo a nombre de una estructura vinculada a la pandilla 18, pasen al Estado.
Las personas que aparecen como propietarios son: Miguel Ángel Flores, Blanca Patricia Flores de Flores, Nelson Orlando Gálvez Peñate, Rhina Castillo de Gálvez, Reyna Isabel Molina Flores y Vidal Antonio Arce.
Se trata de siete vehículos, 17 inmuebles y $63,483.81 en efectivo; que en total contabilizan $360,418.81, según el valúo hecho por la Fiscalía General de la República.
Este caso surge tras una compleja investigación que cruza a miembros de bandas de narcotraficantes, de hurto y robo de furgones con mercadería y de la pandilla 18, varios ya fueron condenados a penas de hasta 252 años por una masacre de nueve personas en un predio de furgones en Quezaltepeque.
La incautación de los bienes fue realizada en septiembre de 2018 por la Fiscalía General de la República y puestos a la orden del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), como una medida cautelar administrativa dentro de la fase de investigación.
En las pesquisas de la Unidad de Extinción de Dominio, hallaron indicios suficientes para considerar que los vehículos y terrenos tienen un origen indirecto en actividades ilícitas derivadas de las drogas, invocando además que por sus vínculos con la pandilla, tuvieron un incremento patrimonial no justificado.
Algunos de los propietarios de los bienes tuvieron relación con los hermanos Ramón Alfredo y Omar Alemán Osorio, asesinados junto a siete personas el 30 de marzo de 2015, en un parqueo de furgones en Quezaltepeque, esa masacre fue por un ajuste de cuentas entre dos organizaciones criminales, una de ellas era la banda de el «Tigre».
Los inmuebles están ubicados en los departamentos de La Libertad y La Paz, adquiridos con fondos de la narcoactividad y trato con pandilleros.
El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio con sede en San Salvador, deberá definir en toda la etapa procesal si hay suficientes pruebas para ordenar que lo reclamado por el ministerio público debe pasar al Estado.
En este expediente la Fiscalía ha invocado el artículo 5 de la Ley Especial de Extinción de Dominio donde se menciona que una pretensión de bienes, muebles y dinero recaerá cuando provengan de actividades de pandillas.
También se aplicará a todos aquellos bienes que constituyan un incremento patrimonial no justificado cuando existan elementos que permitan considerar razonablemente que provienen de actividades ilícitas.
Bajo esos argumentos le han planteado al juez que al culminar el proceso emita sentencia a favor del Estado, para que los fondos puedan ser utilizados en la lucha contra las estructuras de crimen organizado.
