La Fiscalía General de la República (FGR) inició este martes 16 de marzo un allanamiento en las instalaciones de la Asamblea Legislativa, como parte de la investigación ante las denuncias de presuntas plazas fantasmas en dicho Órgano de Estado.
«FGR ejecuta orden de allanamiento en las instalaciones de la Asamblea Legislativa, como diligencia de investigación por plazas irregulares», escribió la institución a través de su cuenta oficial de Twitter.
Por su parte, el director de la Unidad contra la Corrupción e Impunidad de la FGR, German Arriaza, explicó que «se analizarán todos los elementos probatorios que se obtengan en la investigación» e informó que hay «40 fiscales participando en el procedimiento».
Durante el proceso, los fiscales realizaron registro y recolección de documentos dentro de la Gerencia de Recursos Humanos y la Gerencia Financiera de la Asamblea.
El fiscal general, Raúl Melara, informó este lunes 15 de marzo que la institución abrió una investigación por las denuncias de las presuntas plazas fantasma dentro de la Asamblea.
«Desde el momento que hemos tenido el conocimiento de posibles irregularidades en la entrega de plazas fantasmas en la Asamblea Legislativa, hemos abierto el expediente correspondiente, ya hay una investigación en curso. Tenemos declaraciones de miembros de la Junta Directiva de la Asamblea», dijo Melara.
La FGR aseguró que entre las pruebas que utilizan en la investigación, se encuentran las declaraciones del presidente de la Asamblea, Mario Ponce, quien recientemente aseguró que habían ofrecido hasta $35,000 para el retiro de las plazas irregulares.
En su momento, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Asamblea (Sitral), Luis Ortega, denunció que personas han comenzado a marcar y trabajar en la Asamblea Legislativa, pero en realidad son empleados que nunca habían llegado a laborar.
Incluso, el diputado de ARENA, Norman Quijano, aceptó la existencia de plazas fantasmas mientras fue presidente de la Asamblea, y dijo que se trataba de «centenares de plazas», y que quienes las tenían asignadas «se ampararon en la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, además de contar con el respaldo de «ciertos diputados».
