Al judicializar el caso Saqueo Público en junio de 2018, la Fiscalía General de la República, dijo al juez que era necesario dar por iniciada a la acción civil, solicitud que ratificó en el cierre de sus alegatos finales al pedir que se condene a devolver $351 millones que fueron apropiados en la administración presidencial de Mauricio Funes.
Esos fondos que el Ministerio de Hacienda trasfirió a la Cuenta Subsidiaria del Tesoro Público de la Presidencia fueron desviados a ocho cuentas bancarias a nombre de dos exempleados de Casa Presidencial y luego retirados del Banco Hipotecario con el aval de expresidentes del Banco Hipotecario y oficiales de cumplimiento, señala la Fiscalía.
Cada uno de los 10 imputados deben pagar diversas cantidades de forma individual, pero subsidiariamente [entre todos} el ministerio público ha solicitado que devuelvan $222 millones.
En el juicio los fiscales dijeron a los jueces del Tribunal Primero de Sentencia que ellos cumplieron con la obligación de probar el cometimiento de los delitos acusados a los procesados y que no hay otro camino que emitir un veredicto condenatorio.
El peculado como delito generador del lavado de dinero fue probado con un «esquema ilícito para conspirar» dijo una de las fiscales y en el desglose de las modalidades de lavado de dinero detectaron varias.
Hubo utilización del sistema financiero para lo cual sobornaron a la junta directiva y expresidente del Banco Hipotecario Manuel Rivera Castro, para quien solicitaron 12 años de cárcel por cómplice necesario de peculado y 15 por lavado de dinero y pago de $215,000 en responsabilidad civil.
Entre otras modalidades de blanqueo de dinero, la Fiscalía sostuvo que hubo compra de vehículos propios y ajenos, adquisición de inmuebles utilizando testaferros, alquiler de inmuebles para amigos de Mauricio Funes y funcionarios de gobierno, viajes de placer a por lo menos 20 países del mundo, entrega de dinero a terceros [sobresueldos], compra de armas de fuego a través de prestanombres, pago de hospital no solo para familiares sino que también para otro tipo de personas cercanas a sus funcionarios, compra de artículos de lujo, simulación de contratos, pago de construcciones y remodelaciones inmobiliarias, transferencias de dinero sin justificación legal a personas naturales y jurídicas.
En el expediente judicial se ha entregado documentación y declaración de testigos quienes han dicho que con el dinero de la Presidencia, Funes instaló Latin América Spa propiedad de su excompañera de vida Ada Mitchell Guzmán, quien fungía como gerente de ese negocio devengando $10,000 mensuales, pagados con fondos públicos.
Se adquirió con fondos públicos una casa denominada «Juguetón» la cual está ubicada frente a la cancha Gambeta, Bulevar Los Próceres, Funes es el dueño, pero utilizó a Merpinsa y Miguel Menéndez Avelar «Mecafé» como testaferro.
Para lavar el dinero sustraído de Casa Presidencial, Mauricio Funes compró la Finca Colombia, un inmueble de 90 manzanas, en Quezaltepeque, carretera al desvío de San Juan Opico y fue adquirida por «Mecafé» como un prestanombre.
