Por haber promovido, facilitado y favorecido a las pandillas, excederse en sus facultades como funcionarios y no hacer nada para detener las ilegalidades durante la tregua entre pandilleros, la Fiscalía General de la República solicitó al Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador condenas de 16 años para el expresidente Mauricio Funes y 20 para el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés.
Los fiscales le solicitaron al juez que les imponga penas por cada delito es decir bajo concurso real, sumado a eso que se les aplique la agravante que contiene cada ilícito ya que al momento de cometer cada acción eran funcionarios.
Para Funes el ministerio público pidió una condena de ocho años por agrupaciones ilícitas, similar cantidad de años por incumplimiento de deberes.
Respecto a Munguía Payés la Fiscalía pretende que el juzgado le imponga una condena de 20 años. Por agrupaciones ilícitas ocho, cuatro por actos arbitrarios y ocho por incumplimiento de deberes.
Los abogados defensores solicitaron una exoneración y en el caso de una condena desde el principio plantearon al juez que el delito de agrupaciones ilícitas absorba los actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
Los fiscales resumieron la acusación en varios puntos específicos entre ellos las declaraciones rendidas por varios testigos entre ellos clave «Noé» quien manifestó que al momento de los hechos pertenecía a la Mara Salvatrucha y que estando en el penal de máxima seguridad llegaron los mediadores de la tregua que contaban con la venia de Funes y Munguía Payés.
Uno de los fiscales destacó también la entrevista de Carlos Burgos Nuila, alias «Nalo» el pandillero de la 18 que estaba en libertad fue asignado por César Daniel Renderos Díaz, alias «El Muerto de Las Palmas» para que negociara los privilegios como condición para entablar la tregua.
«Queda acreditada la participación de la Pandilla 18 y Mara Salvatrucha en la tregua en la cual los imputados [Funes y Munguía Payés tuvieron conocimiento», expuso el fiscal.
«Nalo» dijo que Funes querían bajar los homicidios porque estaban quedando mal ante la sociedad y así lograr tener una buena imagen.
«Queda acreditado el acercamiento de Mauricio Funes y David Munguía Payés con los mediadores y los cabecillas de las pandillas para obtener un beneficio», agregó el representante de la Fiscalía.
Según la representación fiscal «en cuanto a la teoría y participación de los imputados se establece, ya que el Órgano Ejecutivo a través de varias entidades tenían una cadena de mando».
En los alegatos de cierre el ministerio público sostuvo que Munguía Payes, incurrió en actos arbitrarios ya que vulneró la Constitución y la Ley Penitenciaria al ordenar los traslados de los cabecillas de las pandillas, pese a que no era su facultar, sino que es una potestad que tienen los jueces de vigilancia penitenciaria, además violó los protocolos de seguridad de las cárceles permitiendo ingreso de ilícitos.
Y el incumplimiento de deberes los dos funcionarios lo cometieron porque tenía la facultad de velar por ordenamiento jurídico y al tener un dominio funcional, permitieron un quebranto continuado en los centros penales y de la seguridad pública. De los hechos cometidos por las pandillas, los imputados sabían de los delitos que estaban registrándose, pero omitieron tomar acciones para evitarlo.
