El sistema republicano salvadoreño está hecho para que los tres órganos del Estado estén en balance, para que se hagan contrapesos y para evitar que todo el poder se concentre en uno de ellos. Sin embargo, en la práctica, eso ha estado muy lejos de ser una realidad. Por décadas, el Poder Ejecutivo controlaba al Legislativo y, mediante este, al Judicial. Las elecciones de 2019 rompieron ese esquema, y ahora las dos cabezas del monstruo quieren recuperar lo perdido.
Ahora que una fuerza emanada de las entrañas del pueblo cuestiona a los antiguos detentadores del poder, vemos los esfuerzos que se hacen desde las instituciones aún tomadas para frenar el inexorable avance del cambio de paradigmas. ARENA y el FMLN, de manera abierta, exhiben una alianza cuyo único fin es salvaguardar intereses comunes. Esto quedó en evidencia cuando los diputados se tardaron tres meses para montar una comisión de antejuicio contra el diputado Norman Quijano, para luego determinar que no había causa para desaforarlo; por otro lado, vemos cómo en cuestión de días deciden que se debe procesar al director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas.
A pesar de que había abundante evidencia sobre la participación de Quijano, cuando era candidato presidencial, en el pacto con las pandillas a nombre de ARENA, incluso videos y testimonios, fue desechada en aras de preservar los acuerdos políticos.
Arriaza Chicas está al frente del Plan Control Territorial, el cual ha golpeado a las pandillas, pero lo quieren destituir por no llevar al ministro de Salud, Francisco Alabí, a comparecer ante la Asamblea.
El ministro Alabí ha dedicado todo su tiempo al manejo de la pandemia por COVID-19 en el país; gracias a ello, se ha evitado un número elevado de muertes por coronavirus y el colapso del sistema de salud. En respuesta, el régimen agonizante envió a hombres armados a secuestrar los equipos informáticos que se utilizan para frenar la propagación del virus, bajo el pretexto de que guardan documentación que prueba irregularidades.
Al ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, lo quieren obligar a revelar, en medio de procesos de licitaciones, información relacionada con la toma de decisiones, lo cual es ilegal.
¿Realmente estamos ante un ejercicio de pesos y contrapesos o se trata, más bien, de una estrategia coordinada para paralizar al Gobierno? Es un ataque desde varios frentes para evitar los avances que están a la vista. Durante la emergencia —de la que no hay precedentes en la historia moderna— es una realidad que algunas de las decisiones que se tomaron no fueron las más acertadas, pero hubo la flexibilidad suficiente para corregir el rumbo. ¿Se va a condenar a un gobierno y a sus funcionarios por haber enfrentado con éxito a la COVID-19 y, paralelamente, haber bajado los índices de homicidios y de otros delitos?
Solo para quienes prosperaban en el anterior estado de las cosas esto puede ser algo negativo, porque representa que su mundo no volverá a ser igual. Y eso los paraliza de miedo.
