En un nuevo espaldarazo internacional a las estrategias fiscales de El Salvador, la calificadora de riesgo estadounidense Fitch Ratings se refirió, mediante un comunicado de prensa, a los recientes anuncios del Gobierno salvadoreño para sanear las finanzas estatales: el plan de gastos 2025 totalmente financiado y la recompra de más de $940 millones de la deuda externa.
En primera instancia, la calificadora reconoce la presentación del Presupuesto General de la Nación 2025 que será totalmente financiado por primera vez en la historia del país, como «muestra de un compromiso con la consolidación fiscal y la reducción de los riesgos para la sostenibilidad de la deuda pública».
«La propuesta de Presupuesto 2025 apunta a un déficit del Gobierno central de 0.8 % del producto interno bruto (PIB), un punto porcentual menos que el pronóstico de Fitch de 1.8 % para 2024», indica.
En este sentido, Fitch resalta que el plan de gastos presentado por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, el pasado 30 de septiembre, «está diseñado para financiar todos los gastos corrientes a través de los ingresos del Gobierno y restringir el uso de préstamos para gastos de capital con organizaciones multilaterales».
«También busca cerrar la brecha de financiamiento, que ha sido una característica de ejercicios presupuestarios anteriores», continúa la calificadora, al tiempo que previó una reducción del déficit fiscal de El Salvador de al menos ocho puntos porcentuales.
«Pronosticamos una caída en el déficit fiscal del Gobierno general a 3.1 % del PIB en 2025 desde 3.9 % en 2024», subraya la calificadora.
Al respecto, detalla que la consolidación prevista se basa en reducciones sustanciales del gasto, incluida una congelación general de los salarios del sector público y la eliminación de puestos vacantes, y un menor gasto relacionado con bienes y servicios.
«Estos ahorros compensarían con creces el aumento previsto del gasto en intereses debido a las restricciones de financiación y los altos costos de endeudamiento, además de un gasto de capital ligeramente superior. Mientras tanto, el Gobierno anticipa importantes aumentos de los ingresos mediante la mejora de la administración tributaria, la lucha contra la evasión y la ampliación de la base impositiva», expone.
En este panorama, la firma también ahonda que las noticias favorables que ha generado El Salvador en los últimos tres meses han dado un impulso favorable a los bonos colocados en los mercados internacionales, y entre estas resalta las señales, cada vez más fuertes, de la concreción de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
«Una consolidación fiscal exitosa puede seguir fortaleciendo la confianza de los inversores en la sostenibilidad de la deuda de El Salvador, lo que posibilitará un mayor endeudamiento en el mercado», menciona Fitch a modo de recomendación.
Para Fitch, el presupuesto de 2025 «indica el apetito del Gobierno por un ajuste fiscal consistente con el requisito de sostenibilidad de la deuda pública del FMI».
La noche del 30 de septiembre, el ministro Posada presentó al Congreso un anteproyecto presupuestario por $9,663 millones que no requerirá la adquisición de deuda para el gasto corriente, como parte de la estrategia fiscal del Gobierno.
«El próximo año El Salvador ya no gastará más de lo que recauda anualmente. Continuaremos garantizando el cumplimiento de las obligaciones nacionales e internacionales. Todos estos compromisos serán asumidos con nuestros propios ingresos», aseguró Posada en aquel momento.
Cuatro días más tarde, el 4 de octubre, el presidente de la República, Nayib Bukele, lanzó la recompra de los bonos salvadoreños con vencimiento entre 2027 y 2052, una maniobra que terminó con la aceptación de El Salvador de una oferta de readquisición que totaliza los $940 millones.
Respecto a esta ejecución, la agencia calificadora señaló que «al igual que con programas similares ejecutados en 2022 y 2023, este programa voluntario de recompra de deuda no implica un canje de deuda en dificultades (DDE) según nuestros criterios. Fitch cree que la recompra no tiene como objetivo evitar un incumplimiento de pago tradicional. También esperamos que los no participantes en el canje sigan recibiendo servicios de acuerdo con los términos originales».
