Como «nefasto» calificó el analista, escritor y docente Rafael Góchez el hecho de restaurar el sistema judicial que tuvo El Salvador, como lo sugiere el Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción en El Salvador (GIPES) en su reciente informe presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Gipes recomienda al Estado de El Salvador «restituir la independencia judicial, revisando las destituciones, jubilaciones forzosas y nombramientos irregulares de magistrados y jueces, y adoptando procedimientos transparentes y basados en méritos, conforme a los mejores estándares internacionales».
Para Góchez, «durante 30 años de la posguerra, el sistema judicial excesivamente garantista se mostró completamente incapaz de prevenir, contener y combatir el fenómeno pandilleril. La gente recuerda el ciclo frustrante de cuando la Policía capturaba delincuentes y luego estos salían a los tres días, fortalecidos en su sensación de impunidad. Volver a ese sistema sería nefasto para la población».
Por su parte, el sociólogo y analista político Mauricio Rodríguez consideró que la intención de dicho informe, que también plantea que más de 89,000 personas han sido capturadas de forma arbitraria, es manejar una narrativa de que si se vuelve al pasado el país estaría mejor.
«Volver al pasado es volver a elevar los números de crímenes por pandillas, violaciones, extorsiones, amenazas. Ellos tratan de disfrazar con palabras bonitas, restituir la independencia judicial, revisar las destituciones de algunos jueces que actuaron mal, las jubilaciones forzosas», planteó Rodríguez.
Señaló que organizaciones como Gipes y las que acuerpan el informe presentado, así como algunas personas que se autocalifican como exiliadas y que opinan desde el extranjero, no tienen fundamento en sus discursos sobre la realidad del país.
En sentido similar opinó el también sociólogo René Martínez Pineda sobre la narrativa promovida por Gipes. «La cuestión política urgente: “la guerra de narrativas”. Los del Gipes y sus pregoneros internos hacen su papel: difundir la narrativa de los victimarios, cambiar el concepto de criminales, invisibilizar a las víctimas y legitimar la existencia de las pandillas. Así de simple», indicó.
El analista político Juan Gilberto Contreras aclaró que este tipo de informe presentado por Gipes no es vinculante y carece de credibilidad; además, se trata de «un documento pagado».
«Hay que dejar en claro que este no es un informe institucional, es un informe de un grupo de personas que fue financiado por una iniciativa de la Open Society. No es un informe vinculante para el Estado», afirmó durante una entrevista en el sitio El Blog.
