En enero, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó una resolución en la cual establece los parámetros con los que serán evaluados los individuos para que obtengan, o continúen percibiendo, un subsidio por discapacidad. En su anexo, se describen los niveles de desarrollo intelectual de los «retardos mentales».
Según este texto, primero está el «idiota», que «no atravesó la etapa glósica (verbal), no lee ni escribe, no conoce el dínero…»; luego el «imbécil», que «no lee ni escribe, (pero) atiende sus necesidades elementales»; y finalmente el «débil mental profundo», que «realiza tareas rudimentarias», el «moderado» y el «leve», que «puede realizar tareas de mayor envergadura».
«Les corresponde pensión a los que presentan debilidad mental profunda o mayor», prosigue el texto difundido en el Boletín Oficial, publicado en el marco de una amplia auditoría implementada por el gobierno del ultraliberal Javier Milei a fin de revisar la ideoneidad de las pensiones por invalidez.
Tras el repudio a este contenido por parte de organizaciones de derechos humanos y de personas con discapacidad, ANDIS reconoció en un comunicado este jueves que la publicación de tales términos fue «un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta».
La resolución y el polémico anexo «serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales», indicó la agencia en la red X, aclarando que estos cambios no modificarán «sus criterios de evaluación».
Siete organizaciones exigieron hace tres semanas la derogación de esta norma al señalar que su contenido «atenta de modo flagrante» la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, entre otras cosas porque «la clasificación de las personas como ‘válidas’ o ‘inválidas’ para el trabajo es contraria al modelo social y es en sí misma discriminatoria».
