El Gobierno del presidente Nayib Bukele se ha caracterizado por ser el único interesado en proveer certeza jurídica a miles de salvadoreños estafados con la compra de terrenos a lotificadoras mafiosas, así como en casos en los que los ciudadanos confiaron sus ahorros a cooperativas vinculadas a escándalos millonarios por lavado de dinero.
Respecto a las estafas por la compra de terrenos, las autoridades estiman que hay más de 350,000 víctimas, de las cuales el 80 % negoció con la lotificadora Corporación Argoz S. A. de C.V., cuyos representantes fueron capturados en diciembre de 2023 por acusaciones en la venta ilegal de terrenos. El caso está en la fase de instrucción en el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado.
El 8 de julio, la ministra de Vivienda, Michelle Sol, junto con el fiscal general, Rodolfo Delgado, informaron sobre este caso. La funcionaria explicó que el 90 % de los terrenos estaban cancelados por las familias afectadas, esto representó ingresos de $147 millones para Argoz desde 1995.
«Son cuotas que las familias salvadoreñas pagaban mes a mes para cumplir el pago de su terreno sin tener una escritura que les diera el respaldo de propietarios de ese lote», afirmó la ministra.
Dijo que el 10 % restante sigue pagando la propiedad, pero con la salvedad de que hoy es bajo la nueva administración de la lotificadora, que supervisan instituciones gubernamentales y la Fiscalía para darles certidumbre a los ciudadanos; en tal sentido, un tribunal designó a un interventor.
«Pueden sentirse tranquilos porque el Gobierno está respaldando estas aperturas [de agencias de Argoz]», donde los ciudadanos pueden pagar, comentó la ministra.
En este aspecto, llamó a la calma, pues explicó que dada la complejidad han revisado y han ordenado la documentación para analizar cada caso y solucionarlo. Hasta el momento ya se entregaron 70 escrituras de propiedad, 200 están en proceso de entrega y la institución trabaja para otorgar 1,000. «Vamos a trabajar para que las familias tengan sus escrituras, este es el mandato de nuestro presidente Nayib Bukele», enfatizó Sol.
Una muestra del apoyo es que los intereses se congelaron desde diciembre de 2023 hasta junio de 2024, cuando por la investigación, Argoz fue intervenida.
Gobierno garantiza entrega de ahorros de Cosavi
En mayo de 2024, 15 personas (de 32) fueron arrestadas por vínculos en la apropiación de $35 millones de ahorros provenientes de la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria de R. L. (Cosavi); por estos hechos les imputaron lavado de dinero y activos, defraudación a la economía pública, encubrimiento y agrupaciones ilícitas.
La Fiscalía intervino 46 inmuebles, entre estos lujosos apartamentos, 27 vehículos y otros activos de la cooperativa que sobrepasan los $14 millones. En junio de 2024, fiscales presentaron a un juzgado escritos para disolver y liquidar seis sociedades de Cosavi para disponer de los activos y, de esa manera, efectuar las devoluciones de dinero.
El Gobierno, mediante la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), dio certidumbre a los ahorrantes y socios de Cosavi. En tal sentido, la titular de la SSF, Évelyn Gracias, explicó que las devoluciones serán de forma gradual. Actualmente se devuelven montos que no superan los $10,000.
Capturado en panamá el principal implicado en el caso Cosavi
La última semana de julio, el fiscal general de la república, Rodolfo Delgado, informó la captura de Manuel Alberto Coto Barrientos, quien se desempeñaba como gerente general y está señalado de ser el principal responsable en el desfalco contra los asociados de Cosavi.
El jefe del ministerio público detalló que Coto Barrientos fue arrestado por la Policía Nacional de Panamá.
Delgado agradeció a las autoridades panameñas. «Nos están brindando todo el apoyo necesario para que Manuel Alberto Coto Barrientos sea deportado lo antes posible y que pague por los delitos cometidos en nuestro país», escribió Delgado en X tras conocer sobre el arresto.
Coto Barrientos es uno de los ocho exdirectivos de esa cooperativa y de los 32 imputados procesados particularmente por delitos de defraudación a la economía pública, lavado de dinero y activos, casos especiales de lavado de dinero y activos y por agrupaciones ilícitas.
