Los proyectos habitacionales que ejecuta el Gobierno del presidente Nayib Bukele a escala nacional, a través del Ministerio de Vivienda, se presentaron a una comitiva del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU Hábitat), que visitó recientemente El Salvador
La ministra de Vivienda, Michelle Sol, indicó que en el encuentro participaron el representante regional de ONU Hábitat, Elkin Velásquez, y la coordinadora de la oficina subregional de Mesoamérica, Fernanda Lonardoni.
«Conversamos de los proyectos que ejecutamos en el país y las oportunidades de colaboración que tenemos para implementar en distintas comunidades a escala nacional», afirmó.
Indicó que hizo el llamado para buscar fondos que se traducen en créditos con bajas tasas de interés, que es uno de los grandes retos para cambiar la realidad de muchas familias no solo de El Salvador, sino de la región.
«Las personas con menos ingresos deben ser la prioridad en los proyectos y en la implementación de programas para mejorar sus condiciones de vida», resaltó.
En redes sociales, ONU Hábitat destacó que el encuentro se enfocó en los avances en el acceso a vivienda digna en El Salvador y en cooperación para el mejoramiento integral de las diferentes comunidades.

Anteriormente, Sol informó que para este año la inversión destinada al Sistema de Vivienda alcanza los $210 millones, que se colocarán en créditos.
Detalló que para el Fondo Social para la Vivienda (FSV) se destinarán $160 millones para el otorgamiento de créditos a familias «que solo tienen que buscar la vivienda que quieren comprar y el fondo les va a otorgar el crédito para la casa que ellos encuentren».
Mientras que para el Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo) se desembolsarán $20 millones que serán para colocar créditos.
ESFUERZOS EN EL SALVADOR
En 2024, la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) junto con la ONU Hábitat lanzaron el programa Mi Comunidad, Mi Casa, una iniciativa que contribuye a la transformación integral de asentamientos en El Salvador.
El programa piloto se está desarrollando desde diciembre de 2024 hasta junio de 2025 en la comunidad de La Campanera, en Soyapango, un asentamiento con más de 12,000 habitantes, con la finalidad de promover soluciones duraderas al desplazamiento forzado y fomentar la cohesión social en comunidades que fueron afectadas por la violencia.