El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, denunció un nuevo intento de «golpe de Estado» orquestado desde la Fiscalía. Además, solicitó una sesión extraordinaria en la Organización de los Estados Americanos (OEA) ante la difícil situación nacional.
El mandatario se mantiene enfrentado con la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por «corrupta» y «antidemocrática», a quien acusa desde 2023 de abrir investigaciones contra su partido Semilla y los comicios de ese año como parte de un «golpe» para evitar su investidura en enero de 2024.
Desde el cargo, el presidente ha dicho que sigue «resistiendo» a los «golpistas», pero la disputa arreció el viernes con la orden del juez Fredy Orellana al tribunal electoral, a pedido de la Fiscalía, de anular al grupo promotor de Semilla, que Arévalo interpretó como una medida que busca revocar los cargos obtenidos por el partido.
«Orellana, un sicario que tergiversa las leyes al servicio de Consuelo Porras, intenta forzar […] la destitución inconstitucional de un alcalde, de 23 diputados electos […], de la vicepresidenta de la república y de su presidente», dijo Arévalo en un mensaje televisado a la nación el domingo.
«Hacemos un llamado a la comunidad internacional a no desviar su atención del golpe que se pretende llevar a cabo» en Guatemala, señaló el gobernante, acompañado por su gabinete y los congresistas en el Palacio Nacional capitalino.
Arévalo solicitó a la Organización de Estados Americanos realizar una sesión extraordinaria para exponer «las graves amenazas» a la Constitución guatemalteca y a la «democracia perpetra[1]das por Porras y Orellana».
Ayer, el canciller guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, reafirmó lo que el presidente dijo y aseguró que es necesario «ir a exponer cuál es la situación» que están enfrentando en Guatemala desde la semana pasada ante el actuar de la Fiscalía.
«Buscamos activar los mecanismos de la Carta Democrática para proteger las instituciones democráticas del país», compartió el Gobierno.
El Ejecutivo espera que la sesión extraordinaria pueda concretarse posiblemente el 30 de octubre.
«El objetivo de Porras y demás golpistas es perpetuar la impunidad» y «enterrar la posibilidad de elecciones libres, transparentes y justas en 2027», advirtió el presidente.
La Fiscalía rechazó en X los «señalamientos falsos» de Arévalo e indicó que «ninguna presión política detendrá las investigaciones en curso».
Por su parte, la secretaría general de la OEA pidió en un comunicado «respetar la voluntad del pueblo guatemalteco» que en 2023 eligió «a Bernardo Arévalo como su presidente».
El presidente carece de las facultades para remover a Porras, quien tiene mandato hasta mayo de 2026, y ha presentado proyectos de ley con el fin de destituirla.
Porras ha pedido en varias ocasiones retirar la inmunidad del presidente para investigarlo por supuesta corrupción, pero la justicia todavía no resuelve las solicitudes. La tensión se mantiene desde los dos órganos de Estado.
